Por: Fernando Muñoz
BOGOTÁ/EFE
Colombia y Estados Unidos firmaron hoy el acuerdo de cooperación que facilitará el acceso a los soldados y asesores estadounidenses a por lo menos siete bases militares colombianas, el cual ha desatado las críticas de los Gobiernos de varios países latinoamericanos, como Bolivia, Ecuador y Venezuela.
El documento fue suscrito en un acto privado por el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield.
Los soldados de EE.UU. apostados en Colombia no superarán los 800 y los contratistas los 600, número que fue autorizado en el año 2000 con la firma del Plan Colombia, estrategia de lucha antidrogas que luego se amplió a la guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“El objetivo de este acuerdo no es aumentar el número de personal militar de Estados Unidos”, dijo Bermúdez.
El canciller señaló que la cifra de estadounidenses en Colombia no llega hoy en día a los 220 militares y 400 contratistas, y por el contrario se espera que ese número se continúe reduciendo, porque el convenio trata sobre todo de asuntos de cooperación técnica.
“No vamos a ver un número inusitado de personal militar norteamericano, ni aviones norteamericanos en exceso. No va a haber personal de combate con carácter ofensivo de Estados Unidos”, agregó.
PALENQUERO SERÁ EL EJE
La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, para la cual el Congreso de EE.UU. aprobó 46 millones de dólares para su adecuación, será el eje del total de siete instalaciones a las que los militares estadounidenses tendrán acceso, según detalles del acuerdo anticipados por ambos Gobiernos en semanas pasadas.
Las unidades militares contempladas son las bases del Ejército en Larandia (sur, departamento de Caquetá) y Tolemaida (centro, Cundinamarca y Tolima); las aéreas de Malambo (norte, Atlántico), Palanquero (centro, Cundinamarca) y Apiay (sur, Meta), así como en las navales de Cartagena (norte) y Málaga, en el Pacífico.
Sin embargo, el documento establece que los estadounidenses podrán utilizar las unidades que requieran para las actividades contra el narcotráfico y el terrorismo previstas en este acuerdo, con vigencia de diez años “renovables”.
Bermúdez subrayó que las operaciones que se realicen en conjunto estarán restringidas al territorio colombiano y que el acuerdo será público porque “Colombia no tienen ningún problema en que se conozcan los detalles”.
ACUERDO SERÁ PÚBLICO
El documento “va a ser público la semana entrante. Yo mismo estoy firmando una carta para todos los cancilleres (latinoamericanos), hablando del ánimo que tenemos de tener las mejores relaciones” y manifiesta que el interés de Colombia es derrotar el narcotráfico y el terrorismo.
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales, han cuestionado el convenio y aseguran que es un riesgo y amenaza “contra la soberanía y la estabilidad de la región suramericana”.
Con este acuerdo, que Bogotá ha presentado como complementario a uno global de cooperación en vigencia desde 1974, Washington busca suplir el cierre de la base ecuatoriana de Manta, cuyo contrato de diez años no fue renovado por el Gobierno de Correa.
Bermúdez agregó que el interés de Colombia es derrotar el crimen organizado y, al mismo tiempo, tener las mejores relaciones con todos los países del continente.
El canciller precisó que “todas las posibilidades que tiene Estados Unidos (con el acuerdo) dependen de las decisiones de las autoridades colombianas”.
Además, que el llamado “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad” con EE.UU. no es incompatible con los pactos que se puedan tener con otros países.
Sobre la inmunidad a los soldados estadounidenses señaló que se incorporaron elementos nuevos para limitar su alcance como el que se pueda “pedir el levantamiento de la inmunidad en determinados casos y finalmente no va a haber inmunidad para los contratistas”, indicó.
NO SERÁN TROPAS DE COMBATE
El ministro colombiano del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, que también firmó el documento junto a su colega de Defensa, Gabriel Silva, señaló que no serán “tropas de combate” las que operarán en territorio nacional, sino que se trata de técnicos asesores militares.
“El monopolio de las armas está a cargo del Estado colombiano y no autoriza la fuerza o ataque contra otro país. Es lo que dice la Constitución y el acuerdo la respeta”, insistió.
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Freddy Padilla, declaró por su parte que el convenio es “muy positivo”, además de ser una “necesidad” que trae beneficios a toda la región.
El Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha considerado que este documento no debe ser sometido a la discusión y aprobación del Congreso nacional.
Sin embargo, el embajador Brownfield advirtió la víspera que, en su caso, es obligación legal dejarlo en consideración de los comités de relaciones exteriores del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El Consejo de Estado en un estudio jurídico del acuerdo firmado hoy dijo que ese convenio deja a Colombia en condición de cooperante de Estados Unidos, que decidirá las tareas que se deban realizar, y recomendó que sea estudiado por el Congreso antes de su aprobación.
El diario El Espectador señaló que el concepto del Consejo de Estado llama la atención porque no excluye la firma de uno o más “pactos de implementación” en el futuro, “se habla del uso y acceso de las bases militares, sin determinar la forma y límites de los mismos”.
El Consejo de Estado también advirtió que no es conveniente para el país que sea discrecional de Estados Unidos “la participación de observadores aéreos de terceros países” en Colombia.
