San Salvador/ACAN-EFE
El Gobierno de El Salvador se declaró hoy dispuesto a cumplir las reparaciones morales impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato hace casi tres décadas del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, declaró el canciller, Hugo Martínez.
“En el campo de las reparaciones morales sí estamos totalmente abiertos a buscar su cumplimiento”, dijo en un encuentro con la prensa internacional el funcionario.
Aclaró que también evalúan la petición hecha el jueves a organizaciones sociales para que el Gobierno, en nombre del Estado salvadoreño, pida perdón por el asesinato del religioso el 24 de marzo de 2010, fecha en que se cumplen 30 años del magnicidio.
“Como le dijimos ayer (jueves) a las organizaciones, nosotros en este nuevo contexto vemos respetable la petición que ellos realizan y en el corto plazo posible estaremos dando una respuesta”, dijo Martínez.
Romero, asesinado en 1980 cuando oficiaba misa, era reconocido por denunciar las atrocidades perpetradas por militares contra la población civil en los años que antecedieron a la guerra civil en el país (1980-1992).
La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes de guerra en este país, señaló como autor intelectual del asesinato de Romero al fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, de derecha), Roberto DAubuisson.
La CIDH hizo una serie de recomendaciones al Estado salvadoreño que no fueron cumplidas por las últimas administraciones de ARENA, partido que gobernó el país desde 1989 hasta el pasado 1 de junio, cuando asumió Mauricio Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El canciller Martínez dijo que hay otras reparaciones morales que tratarán de cumplir “de inmediato”, como la realización de un documental sobre la vida del arzobispo y la inclusión de su legado en los planes educativos, pero afirmó que el Gobierno quiere ser “cauteloso” con las reparaciones materiales a la familia de Romero.
“Hay otras cosas con las que sí queremos ser muy cautelosos como es el caso de las reparaciones materiales, porque no queremos abrir una situación donde empiecen a establecer peticiones moros y cristianos”, puntualizó, en referencia a que se debe “considerar la situación de las finanzas” estatales.
Martínez ratificó que el Gobierno de Funes buscará “cumplir de buena fe y de acuerdo” a sus posibilidades las recomendaciones.
El funcionario afirmó que la abolición de la Ley de Amnistía, decretada en 1993, un año después de la firma de los Acuerdos de Paz, es un “asunto que le compete a la Asamblea Legislativa”, que deberá valorar “el tratamiento” que le dan a esta recomendación exigida por la Corte.
La CIDH ha convocado para el próximo 6 de noviembre a una nueva audiencia por el asesinato de Romero en su sede de Washington, Estados Unidos.
Por otra parte, Martínez afirmó que el Gobierno de Funes considera “un asunto de principio” abrir una discusión para que el país ratifique el Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional (CPI).
Las administraciones anteriores consideraron que el Estatuto riñe con algunos preceptos constitucionales del país.
