BOGOTÁ/EFE
Colombia, azotada por un largo conflicto armado, quedó como la elegida de la Corte Penal Internacional (CPI), que podrá investigar crímenes de guerra cometidos por paramilitares, guerrilleros, miembros de la fuerza pública y altos cargos, incluidos los presidentes.
Con el vencimiento de la moratoria que solicitó en 2002 el Gobierno colombiano, la CPI podrá investigar crímenes de guerra, ya que en los últimos siete años sólo tenía potestad para intervenir en delitos de lesa humanidad y genocidio.
El Gobierno colombiano ha manifestado que no hay razón para que la CPI inicie investigaciones en el país, porque los acusados —miembros de la guerrilla, paramilitares y de la fuerza pública— son procesados por la justicia nacional.
Sin embargo, parte de una bancada política afín al Gobierno del Presidente colombiano, Álvaro Uribe, impulsa un proyecto de ley en el Congreso, que busca la creación de un cuerpo de defensores que actúe en los casos en que miembros de la fuerza pública sean investigados por la CPI.
Según la congresista Lucero Cortés, la iniciativa no “busca generar impunidad”, sino que lo que se pretende es garantizar a “esos miles de colombianos que todos los días están colocando su pecho para defender nuestra integridad”, el derecho básico a la defensa.
El proyecto prevé que estarán cobijadas las conductas que son de conocimiento de la CPI como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, en las que resulten presuntamente involucrados directa o indirectamente miembros tanto activos como en uso de buen retiro de la fuerza pública, por actos propios del servicio.
Defensores de derechos humanos en Colombia coincidieron en que la entrada plena de la CPI al país es una forma de disuadir a los grupos armados ilegales y al propio Estado de cometer crímenes de guerra.
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