La Ley de Concertación Tributaria, que el Gobierno espera sea aprobada antes que finalice este año, provocaría a las empresas una pérdida de rentabilidad de entre 25 y 30 por ciento, según expertos fiscales consultados por LA PRENSA.
Esto dependerá del nivel de ingresos que tenga una empresa y, por eso, los sectores empresariales se han puesto de acuerdo para rechazar la propuesta de ley, con el argumento de que quebraría a todos los sectores económicos al incrementar la base imponible.
Pequeñas empresas con bajos niveles de rentabilidad terminarían con pérdidas, después del pago de impuestos, y en el mejor de los casos sin ninguna utilidad, afirmaron especialistas consultados.
René Vallecillo, experto en temas fiscales, explica que el proyecto contempla un pago del dos por ciento, lo que indica gravar los ingresos brutos tal y como establece el proyecto de ley tributaria.
“Imponer el dos por ciento sobre los ingresos brutos, no sobre las utilidades, a una empresa que tiene una rentabilidad del dos por ciento, evidentemente los sacaría del juego empresarial de oferta y demanda”, explicó.
“Nos explicaron que la recaudación de impuestos está mal distribuida y que la variante es que van a cobrar a los que nunca han pagado”. Rosario Valle, del mercado Iván Montenegro.
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“Ahora, si una empresa tiene (rentabilidad) del 4 por ciento y le cobran el dos por ciento, la tasa efectiva se le convierte también en un 50 por ciento de sus utilidades, que te las quitan con el impuesto”, añadió.
EFECTO CASCADA
Según el economista Adolfo Acevedo, este impuesto representa el 90.5 por ciento de todo el rendimiento recaudatorio de la propuesta gubernamental, es decir que recaudaría 1,820 millones de córdobas de los 2,011 millones que persigue recaudar la propuesta.
Afirma que un impuesto que grave los ingresos brutos de las empresas equivale a un impuesto sobre las ventas brutas, “en tal sentido, la base gravable de este impuesto es la misma que la del Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI), que grava con el 1 por ciento los ingresos brutos”.
La tasa de este impuesto (IMI) fue reducida del 2 por ciento al 1 por ciento “porque el mismo equivalía a un impuesto sobre las ventas con efectos en cascada”, señaló.
Acevedo considera que este Impuesto pago Mínimo es, en efecto, una especie de impuesto sobre las ventas con un efecto “en cascada”, dado que al contrario del IVA “no permite acreditar las compras de insumos indispensables para producir o comercializar un bien o servicio, y por tanto encarecería los costos de producción de cada empresa, de manera que cada empresa trasladaría hacia adelante tanto el impuesto sobre los insumos como el impuesto sobre el valor agregado”.
PAGAR LO JUSTO
Sinforiano Cáceres, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales (Fenacoop), calificó como “exagerado por parte del Gobierno” aplicar este impuesto, ya que “la actividad agropecuaria está deprimida, los costos son altos, la crisis que tiene el país lo vuelve un país muy caro”.
“El combustible hace que el factor de preparación de suelo, de riego, se vuelva caro en la producción y el combustible y la energía eléctrica es fluctuante, es ascendente, no descendente”, argumentó.
“No estoy de acuerdo, porque con eso nos van a “pelar”, van a subir demasiado, dicen que será el doble de lo que pagamos, porque van a cobrar por metro”. DixSón Romero, Comerciante del mercado Roberto Huembes. LA PRENSA/B. PICADO
Dijo que como federación demandan al Gobierno mantener la política de incentivos para el sector agropecuario, tal y como está actualmente, como una forma de protegerlo de los impactos externos, como la baja en los precios de los productos de exportación, y el aumento en el precio de los combustibles e insumos.
“La reforma a la ley debe procurar que el que pague, pague lo justo; no sólo se trata de pagar, sino que se pague lo justo en base al principio de que el que más tiene, más pague”, dijo Cáceres.
También expresó la necesidad de hacer más transparentes las exenciones y exoneraciones. “El recurso que él percibe es uno que la población no lo recibe, y por tanto debemos saber quién lo recibió, cuánto recibió y cuántas veces lo ha percibido, porque sentimos que no hay transparencia en ese sentido”.
GANADEROS AFECTADOS
Solón Guerrero, presidente de la Federación de Ganaderos de Nicaragua (Faganic), dijo que imponer más impuestos al sector implicará, por ejemplo, un incremento de costos que el productor tendrá que enfrentar con una reducción de trabajadores.
“En una reunión que tuvimos con Commema dijeron que no nos iban a subir los impuestos, que a quienes les iban a cobrar más era a los grandes”. Verónica García, comerciante del mercado de Mayoreo.
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“De hacerse efectiva (la aprobación de la ley) estamos hablando de al menos 600 mil personas que se verían afectadas de manera inmediata”, explicó Guerrero, quien estima que en el país hay alrededor de 120 mil ganaderos.
Vaticina, igual que otros sectores, que con la nueva ley lo que se estaría generando es una mayor evasión fiscal por los actores económicos.
“Llamamos al Gobierno a que volvamos a la mesa de negociación, con base a los 40 puntos con los que se inició la concertación tributaria, pero no se puede permitir bajo ningún punto que pase eso”.
Por otro lado, el economista Adolfo Acevedo criticó también el sistema de cuota fija, porque éste afectará principalmente a los pequeños negocios, ya que no hay un sistema que permita enfrentar los movimientos de precios generados por la inflación.
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