(AIPE)-El domingo 25 de octubre hubo elecciones nacionales en Uruguay, en las que se renovaba la totalidad de las bancas parlamentarias y se elegía al presidente de la República.
Además, se sometían a consulta popular el llamado “voto epistolar” y la anulación de la Ley 15.848 de la Pretensión Punitiva del Estado, más conocida como la “Ley de Caducidad”.
De triunfar el primero de los plebiscitos se habilitaría a los uruguayos residentes en el extranjero a influir en los asuntos internos de la nación, aunque no tengan la menor intención de radicarse aquí.
Por su parte, la “ley de caducidad” aprobada en 1986 impide que los uniformados sean juzgados por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar (1973-1985).
En el avance hacia la democracia se promulgaron dos leyes espejo: una de amnistía para los guerrilleros, que también habían practicado el terrorismo, y otra para los militares. Con la aprobación de esas dos normas se pretendió dejar atrás un pasado de odios y enfrentamientos entre los uruguayos.
Desde su aprobación, la “ley de caducidad” fue combatida por ciertos sectores de la izquierda. Se presentaron recursos impugnándola ante la Suprema Corte de Justicia, la cual —sin embargo — la declaró constitucional. Tiempo después, en 1989, fue refrendada en un plebiscito.
La aprobación de los dos plebiscitos mencionados fue activamente apoyada por la totalidad de la izquierda en las recientes elecciones. Las papeletas por el “sí” se entregaban conjuntamente con las listas de sus candidatos a los diferentes cargos electivos.
Una vez abiertas las urnas, los datos primarios de la Corte Electoral arrojaron que el oficialista Frente Amplio alcanzó 47.5 por ciento de los votos emitidos, el Partido Nacional 28.53 por ciento, el Partido Colorado 16.66 por ciento y el Partido Independiente 2.4 por ciento.
Ante tales cifras, un observador poco informado acerca de las cuestiones uruguayas posiblemente quedó perplejo, al observar los semblantes adustos e incluso malhumorados con que José Mujica y Danilo Astori —la fórmula presidencial oficialista— se presentaron ante la prensa, luego de conocidos los resultados. Esa actitud contrastaba vivamente con la alegría desbordante de los candidatos presidenciales de los otros partidos. Pero la aparente paradoja no es tal, si tenemos en cuenta que tanto el triunfo como la derrota son sentimientos subjetivos. Es decir, dependen de las metas y expectativas.
El Frente Amplio aspiraba a ganar en primera vuelta, sin necesidad de recurrir a un ballotage, y además triunfar en los dos plebiscitos que impulsaba. Nada de eso sucedió. Con el 47.5 por ciento de los sufragios, no alcanzó la mayoría absoluta requerida. La papeleta blanca por el voto epistolar alcanzó tan sólo un 35.6 por ciento de adhesiones, mientras que la consulta por la nulidad de la “Ley de Caducidad” registró un 45.5 por ciento. Ambas consultas populares necesitaban 50 por ciento de los votos emitidos para poder triunfar.
El 29 de noviembre tendremos la segunda vuelta electoral, donde se definirá quién será el próximo presidente de Uruguay. Quizás sea Mujica, alguien orgulloso de su pasado guerrillero y que afirma que la democracia es tan sólo un instrumento para alcanzar la meta que no pudo obtener con las armas. De sus propios dichos se deduce que Mujica y su entorno tienen por objetivo alcanzar el poder mediante el voto popular, para luego erosionar al sistema democrático. ¿Por qué? Por la sencilla razón que no creen en él. © www.aipenet.com
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