La Policía Nacional decidió formar una comisión para investigar los hechos ocurridos el viernes en León, tras la denuncia efectuada ayer ante el inspector general de la institución, comisionado general Juan Báez, por la periodista e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Patricia Orozco, junto con Lorna Norori y Ana Eveling Orozco, por abuso de autoridad y malos tratos.
La jefa de Relaciones Públicas de la institución, comisionada mayor Vilma Reyes, dijo que la comisión estará rectoreada por Báez e incorporarán a un representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien ayer acompañó a las afectadas a introducir la denuncia en contra de ocho uniformados.
La comisión, además de recibir la denuncia de las perjudicadas verificará el caso en León. Asimismo Wendy Flores, funcionaria del Cenidh, dijo que demandaron celeridad en la investigación.
El lunes esa institución emitió una nota oficial en la que justifica el actuar de los uniformados en la delegación de León. Flores manifestó que plantearon esa situación ante Báez, y la explicación que recibieron fue que la misma la escribieron basados en una información institucional.
“Nosotras vamos a poner la denuncia en Asuntos Internos de la Policía, aquí no se ha investigado, pero aquí ya se determinó que nosotras somos las violadoras del derecho y que encima de eso nos perdonan la vida porque somos mujeres”, criticó Orozco antes de ingresar al edificio de Plaza El Sol.
“Entonces aquí la Policía no investiga, juzga, decide y define qué fue lo que pasó y nos termina diciendo a nosotros que somos las agresoras de la Policía, si la gente me ve no he hecho ningún curso de Rambo, yo no tengo el entrenamiento que la Policía hace de artes marciales, de técnicas de lucha y el oficial que se montó sobre mí”, dijo Orozco refiriéndose al oficial que la agredió.
Agregó que seguirán “el procedimiento ciudadano”, pues confían en que lo expresado por la primera comisionada Aminta Granera, a representantes de organizaciones civiles, el pasado viernes, de que no existía una política de agresión en contra de los defensores de derechos humanos.
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