La reforma a la Ley de Suministro de Hidrocarburos, que ayer empezó a aprobarse en lo particular en el parlamento, promete gran polémica, no sólo porque los diputados tardaron casi dos horas en ponerse de acuerdo para pasarla a plenario, sino porque tocará los más delicados aspectos del sector, como el precio de referencia de los combustibles.
Los diputados aprobaron tres artículos de la reforma, ayer, y establecieron el principio de “responsabilidad económica en caso de contaminación” para los agentes involucrados en la cadena de distribución de hidrocarburos.
“Todos los costos correrán por cuenta de estos agentes económicos, solidariamente responsables, sin perjuicio de las ulteriores responsabilidades civiles y penales que deriven de las acciones en la vía jurisdiccional. Asimismo, correrá por cuenta de los agentes económicos responsables de la contaminación, todos los costos administrativos en que incurra el comité técnico formado por las instituciones de Gobierno para atender el seguimiento de la remediación del sitio”, dice el articulado aprobado ayer.
La reforma también dividió el control sobre el sector de los hidrocarburos entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
De acuerdo con la reforma, el MEM otorgará las licencias y el INE supervisará y regulará el sector de los hidrocarburos.
El INE aplicará las normas, especificaciones técnicas y administrativas; y propondrá la cancelación de licencias de los agentes, producto de las inspecciones, y podrá “solicitar el apoyo de la fuerza pública en los casos que se requiera, para llevar a efecto las funciones y actividades”.
Pero ayer, tras fogosos debates en el hemiciclo antes de decidirse que la iniciativa pasaría a plenario, los diputados expresaron versiones encontradas sobre el resto de artículos.
Por ejemplo, el coordinador de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, sostuvo que hay un acuerdo para no tocar el precio de referencia de los combustibles. “No, hubo un acuerdo entre el INE y el MEM”, dijo Castro.
Otros legisladores explicaron que sí habrá un cambio, para tomar el precio de referencia cuando el combustible está en los puertos nicaragüenses y no cuando está en el Golfo de México, para disminuir así el precio de transporte.
Según uno de los diputados, el FSLN no está interesado en cambiar el precio de referencia de los combustibles, porque las distribuidoras Petronic (en manos del Gobierno) serían afectadas.
Además, está el tema de los impuestos, ya que las petroleras quieren pagar un impuesto general para no enterar tributos a los municipios. Y finalmente se encuentra el denominado “Factor 60”, un mecanismo para regular el precio de los combustibles.
De aprobarse el tema de los impuestos a los municipios, las petroleras deberían desembolsar anualmente 50 millones adicionales. De aprobarse cambios en el precio de referencia, les afectaría en 12 millones de dólares y el Factor 60 sumaría otros 12 millones de dólares.
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