Extraoficialmente se conoce que durante la guerra de la década del ochenta, entre 30 mil y 50 mil nicaragüenses pudieron haber muerto por acción directa de los enfrentamientos. Eso representa entre el 0.8 y 1.4 por ciento de la población de esa época (3.6 millones hasta 1990), pero sólo son datos aproximados.
El número de jóvenes reclutados por el Ejército Popular Sandinista (EPS) también es un misterio; los datos del INEC, actualmente Instituto de Información de Desarrollo (Inide), sostienen que la población de jóvenes entre 15 y 29 años para 1986 era de casi 420 mil.
Si hasta hoy la cifra de reclutas del Servicio Militar fallecidos es incierta (sabiendo que ambos ejércitos guardaban sus estadísticas), es más difícil conocer el número de civiles muertos.
El general en retiro Hugo Torres expresa que en todo conflicto bélico los mayores afectados son inocentes, sólo basta ver en la actualidad a Irak.
En ediciones anteriores LA PRENSA publicó datos oficiales de casi 19 mil muertos entre militares y civiles (1980 y 1986), así también el registro de 13 mil bajas mortales dentro de la Resistencia en diez años de conflicto.
ELEGIR PAZ O VERDAD
El camino de la reconciliación propuesto por el gobierno de Violeta Chamorro a raíz de su triunfo electoral en 1990 significó, entre otras cosas, omitir las violaciones de derechos humanos, reclutamientos forzados, crímenes de lesa humanidad y evitó verificar las pérdidas humanas.
Antonio Lacayo, primer Ministro de la Presidencia tras la derrota sandinista, explica que el programa de Gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO) tenía estipulado dar una amnistía general de inmediato para poder iniciar la reconciliación.
“El Gobierno se propuso la paz, había que salir de la guerra”, por eso se pasó a una desmovilización ordenada de la Resistencia y la “drástica” disminución del Ejército, afirmó.
“El tema de la guerra se lo dejamos a los interesados en la guerra, queríamos ver hacia el futuro”, expresó el ex ministro, aunque agregó que los datos de aquella época podrían estar en el Instituto de Historia del Ejército de Nicaragua.
Torres sostiene que se evitó crear una Comisión de la Verdad porque faltaba garantía para no politizar heridas que debían cicatrizar, “se temía que uno de los bandos fuera favorecido”.
A pesar de eso, el general en retiro afirma que la verdad en términos amplios ya es conocida, aunque no los detalles.
“Lo importante es sacar lecciones de la historia, ver los errores de uno y otro lado para no volver a repetirlos”, dijo.
TEMOR POR DEMANDAS
Óscar Sobalvarro, ex miembro del Estado Mayor de la Resistencia Nicaragüense (RN), explicó que el gobierno de Chamorro se sintió amenazado por el sandinismo que pretendía “gobernar desde abajo” y prefirió no enfrentarse con una Comisión de la Verdad, había temor entre los militares a las demandas o juicios de familiares, especialmente entre los miembros de la Seguridad del Estado que cometieron asesinatos selectivos.
A la Contra, también periodistas y organizaciones internacionales le señalan violaciones a los derechos humanos y crímenes que pudieron haber salido a luz.
La organización Americas Watch también criticó en su momento a la Contra por atacar indiscriminadamente blancos civiles durante la guerra, por torturas y ejecuciones selectivas, entre otros delitos.
Sobalvarro aseguró que a una Comisión de la Verdad “nosotros no le tenemos miedo”. Asegura que muchas personas declaradas desaparecidas fueron en realidad voluntarios en la Resistencia cuyas familias preferían decir “se lo llevó la Contra” para evitar represalias de los órganos de seguridad sandinista.
También el ex comandante de la RN, Luis Fley, expresa que no importaría “salir salpicados” porque a muchas madres les interesa aún saber dónde y cómo murió su hijo, en todo caso, ya se dio una amnistía.
NAVIDAD ROJA DE LOS SANDINISTAS
Según el Derecho Internacional, los delitos de lesa humanidad nunca prescriben.
Uno de los casos más emblemáticos de la guerra que nunca fue esclarecido por las autoridades militares volvió al tapete público a mediados del 2006, cuando la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) interpuso en la Fiscalía la denuncia de 90 miskitos contra altos funcionarios del gobierno sandinista por los hechos de diciembre de 1982 en el río Coco, conocidos como Navidad Roja.
En ese tiempo, el EPS expulsó a 8,500 indígenas de sus comunidades ancestrales para bombardear el territorio donde supuestamente operaban insurgentes. El Ministerio Público hasta hoy no da respuesta.
Irónicamente durante la revolución, el Gobierno sandinista renombró cientos de calles con el nombre de sus mártires de la insurrección. Hoy en día, la sangre de aquellos que pelearon en uno y otro bandos o la de aquellos que quedaron en medio durante la guerra de la década del ochenta, sólo parece merecer a los sobrevivientes, olvido y silencio.
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