WASHINGTON/ AFP
El Salvador revirtió su posición histórica y anunció este viernes que investigará el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980, al acatar un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a lo cual se rehusaba hasta el momento.
“El Estado reconoce plenamente la autoridad de la Comisión, reconoce el carácter vinculante del informe y reconoce las conclusiones dictadas por la Comisión”, dijo el director de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales, durante una audiencia en la CIDH en Washington.
En un informe emitido en 2000, la CIDH instó a El Salvador a realizar una investigación del asesinato, sancionar a los culpables, reparar a los familiares de la víctima y dejar sin efecto una Ley de Amnistía puesta en vigencia tras la guerra civil en ese país (1980-1992).
Romero, defensor de una opción preferencial por los pobres y por denunciar la injusticia social y la represión militar vigente en El Salvador, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador contratado por la ultraderecha.
En ese instante, Romero oficiaba misa en un hospital de enfermos de cáncer.
Morales indicó que desde la llegada al poder del presidente Mauricio Funes en junio, El Salvador “avanza hacia políticas públicas en las que los derechos humanos” son la prioridad. El izquierdista Funes puso fin a 20 años de gobiernos de la derecha.
Morales dijo que el Gobierno trabajará con el fiscal, que es el encargado de adelantar la investigación del asesinato de Romero, considerado “la voz de los sin voz” por haber denunciado la injusticia social y la represión militar.
Asimismo, trabajará con el Congreso, que es el ente que puede derogar la Ley de Amnistía de 1993.
Por lo pronto, el Gobierno comenzará con las reparaciones para lo que prevé construir una plaza en homenaje a Romero y realizar un vídeo sobre su vida, así como se mostró abierto a discutir una compensación económica para los familiares.
Pero el Gobierno sigue estudiando la exigencia de organismos humanitarios de que pida perdón públicamente por no haber evitado el asesinato, dijo Morales.
El Gobierno de Funes desea “colaborar en cualquier tipo de investigaciones a cualquier delito durante el conflicto armado”, afirmó. “Lo que requiere El Salvador es que se reabra una discusión incluyente sobre cuál es la forma más adecuada de reconciliación sin discriminación esta vez de víctimas de violaciones de los derechos humanos”, dijo.
Una comisión de La Verdad, creada por la ONU en 1993, culpó como autor intelectual del asesinato de Romero al mayor del Ejército Roberto D’Aubuisson, fundador de la derechista y ex gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
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