CORRESPONSAL/ MASAYA
La necesidad económica de las familias nicaragüenses empuja a situaciones como en las que hoy se encuentra la familia Tablada Gámez, al borde del desalojo de su vivienda ubicada en el reparto San Juan, en Masaya, por parte del señor Jacinto Mena, quien les prestó tres mil dólares al 20 por ciento de intereses mensuales a cambio de garantizar el préstamo con su casa.
La familia Tablada Gámez no pudo continuar pagando esos intereses y luego de considerar que el pago de 600 dólares mensuales durante dos años es suficiente para cubrir el pago de la deuda, decidió reclamar la vivienda al prestamista Jacinto Mena.
Pero para sorpresa de la familia Gámez, al reclamar la propiedad que fue entregada bajo la figura jurídica de promesa de venta, ahora aparece inscrita en el registro público a nombre del prestamista, y “para poder rescatarla, el señor Mena le pide a mi padre la cantidad de 60 mil dólares”, según compartió Sergio Bermúdez Tablada, hijo del afectado, Sergio Bermúdez Téllez.
EL JUICIO
Jacinto Mena inició un juicio por inmisión en la posesión en contra de la señora Gloria María Tablada en el Juzgado del Distrito de lo Civil a cargo del juez Danilo Jiménez Cajina, “cuyo proceso está viciado de irregularidades que hemos hecho ver ante el Ministerio Público del Departamento de Masaya”, agregó Bermúdez.
El hijo del afectado también indicó que sus familiares, ante esta situación, abrieron un juicio paralelo para anular los asientos de registros promovidos por el prestamista Mena, el cual el judicial Danilo Jiménez declaró no había lugar y lo envió al tribunal de Apelaciones.
Además de eso, dictó una orden de desalojo que fue considerada nulo por haber saltado algunos procedimientos.
Para ejecutar el desalojo señalado para el pasado 6 de octubre, Jiménez nombró a la juez local penal Socorro López, la cual no tiene competencia en el juicio.
“La juez se hizo acompañar de personas de dudosa reputación para presionar un arreglo, donde le pide a los afectados le entreguen la cantidad de 35 mil dólares, pese a que con los intereses se suman más de 15 mil dólares que han pagado por el préstamo de tres mil dólares”, añadió Bermúdez.
“Uno de los modos de operar de estos usureros es que no emiten recibos por el pago mensual de intereses para evadir la justicia con el propósito de que los afectados no presenten evidencias de las irregularidades cometidas en este tipo de transacciones”, continuó.
Es por ello que la familia perjudicada está a la espera de la sentencia que dicte el Tribunal de Apelaciones, el cual esperan anule el juicio por inmisión.
“Nosotros no estamos negando el pago de la deuda, pero tampoco podemos pagar 35 mil dólares”, apuntó Sergio Bermúdez Tablada.
La necesidad económica de las familias nicaragüenses empuja a situaciones como en las que hoy se encuentra la familia Tablada Gámez, al borde del desalojo de su vivienda ubicada en el reparto San Juan, en Masaya, por parte del señor Jacinto Mena, quien les prestó tres mil dólares al 20 por ciento de intereses mensuales a cambio de garantizar el préstamo con su casa.
La familia Tablada Gámez no pudo continuar pagando esos intereses y luego de considerar que el pago de 600 dólares mensuales durante dos años es suficiente para cubrir el pago de la deuda, decidió reclamar la vivienda al prestamista Jacinto Mena.
Pero para sorpresa de la familia Gámez, al reclamar la propiedad que fue entregada bajo la figura jurídica de promesa de venta, ahora aparece inscrita en el registro público a nombre del prestamista, y “para poder rescatarla, el señor Mena le pide a mi padre la cantidad de 60 mil dólares”, según compartió Sergio Bermúdez Tablada, hijo del afectado, Sergio Bermúdez Téllez.
EL JUICIO
Jacinto Mena inició un juicio por inmisión en la posesión en contra de la señora Gloria María Tablada en el Juzgado del Distrito de lo Civil a cargo del juez Danilo Jiménez Cajina, “cuyo proceso está viciado de irregularidades que hemos hecho ver ante el Ministerio Público del Departamento de Masaya”, agregó Bermúdez.
El hijo del afectado también indicó que sus familiares, ante esta situación, abrieron un juicio paralelo para anular los asientos de registros promovidos por el prestamista Mena, el cual el judicial Danilo Jiménez declaró no había lugar y lo envió al tribunal de Apelaciones.
Además de eso, dictó una orden de desalojo que fue considerada nulo por haber saltado algunos procedimientos.
Para ejecutar el desalojo señalado para el pasado 6 de octubre, Jiménez nombró a la juez local penal Socorro López, la cual no tiene competencia en el juicio.
“La juez se hizo acompañar de personas de dudosa reputación para presionar un arreglo, donde le pide a los afectados le entreguen la cantidad de 35 mil dólares, pese a que con los intereses se suman más de 15 mil dólares que han pagado por el préstamo de tres mil dólares”, añadió Bermúdez.
“Uno de los modos de operar de estos usureros es que no emiten recibos por el pago mensual de intereses para evadir la justicia con el propósito de que los afectados no presenten evidencias de las irregularidades cometidas en este tipo de transacciones”, continuó.
Es por ello que la familia perjudicada está a la espera de la sentencia que dicte el Tribunal de Apelaciones, el cual esperan anule el juicio por inmisión.
“Nosotros no estamos negando el pago de la deuda, pero tampoco podemos pagar 35 mil dólares”, apuntó Sergio Bermúdez Tablada.
