Durante el último año, como consecuencia del fraude electoral cometido en unos cuarenta municipios del país en los comicios locales del 9 de noviembre pasado, Nicaragua ha perdido entre 400 millones y 500 millones de dólares en concepto de cooperación internacional e inversión extranjera.
El ex ministro de Educación, Humberto Belli, lo aseguró ayer en la presentación de un documento que describe cómo se cometió el fraude para “robar la Alcaldía de Managua”, titulado El Libro Negro , que circuló inserto en la edición de ayer de LA PRENSA.
Belli recordó que en junio pasado el país perdió los 64 millones de dólares pendientes de desembolso del programa estadounidense Cuenta Reto del Milenio (CRM) para León y Chinandega, que se esperaba se extendiera a la Costa Caribe.
También mencionó los 75 millones de dólares de libre disponibilidad para el Presupuesto General de la República, congelados por el Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP), que integran países europeos.
Sin embargo, estimó que la mayor pérdida está en las inversiones que no llegaron por la inestabilidad política y la desconfianza e inseguridad jurídica que creció con “el asalto a la democracia que fue el fraude”.
“Fácilmente, echando mano a esto uno suma entre 400 y 500 millones de dólares por todo, y falta ver lo que resta para los próximos años”, dijo Belli.
En un reportaje sobre las consecuencias del fraude que LA PRENSA también publicó ayer, el economista Adolfo Acevedo reveló que durante los próximos tres años la cooperación internacional disminuirá en un promedio de 200 millones de dólares cada año. Es una situación que, si bien responde a la tendencia de la cooperación europea de retirarse de Latinoamérica, se aceleró en Nicaragua por el discurso conflictivo del presidente Daniel Ortega y el fraude a favor del Frente Sandinista (FSLN).
Belli presentó el documento junto al directivo del Movimiento por Nicaragua (MpN), Benjamín Lugo, quien sostuvo que el reclamo por el fraude y la demanda de los resultados electorales completos —que un año después el Consejo Supremo Electoral (CSE) no presenta— no son sólo una exigencia del Movimiento por Nicaragua, “sino de todo el pueblo nicaragüense”.
Belli duda que la iniciativa para la declaración de la nulidad de las elecciones que discute una comisión de la Asamblea revierta el fraude electoral, porque dijo que Ortega controla todo el aparato institucional del país y “declararía ilegal cualquier cosa”.
En cambio, animó a la oposición a que acepte la propuesta de unirse para elegir magistrados electorales y funcionarios honestos, que no respondan a intereses partidarios, sino al respeto a las leyes y la Constitución de la República.
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