El jefe del Distrito Cuatro de la alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jaime Chavarría, acusará formalmente hoy a los agresores sandinistas que lo lesionaron en julio del año pasado, durante la campaña electoral.
También acusará a toda la estructura del Ministerio Público, porque la denuncia presentada lleva más de un año en trámite y los fiscales no han formulado acusación formal.
Lulio Marenco, abogado de Chavarría, explicó que la acusación en contra de los agresores, entre ellos Pedro Orozco, del Comité de las Vacas Culonas y miembros de las turbas sandinistas, va por los delitos de lesiones agravadas y exposición de personas al peligro.
En contra de los fiscales la acusación es por los delitos de incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos y por omisión en sus actos.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, anunció ayer que ese organismo brindará acompañamiento a Jaime Chavarría, para introducir una acusación no sólo en contra de seis sospechosos de haber causado agresiones en su contra, sino también en contra del Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez; la Fiscal Electoral, Blanca Salgado; el Inspector de la Fiscalía, Armando Juárez, y el fiscal Pedro Bustamante.
Carmona aseguró que recurrirán en contra de los funcionarios del Ministerio Público debido a que consideran que han incurrido presuntamente en incumplimiento del deber y omisión a perseguir el delito, así como violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El defensor de los derechos humanos criticó que desde hace un año presentaron una denuncia ante la Fiscalía y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero al caso aún no le han dado seguimiento.
El Fiscal General de la República manifestó que hay varios casos que siguen detenidos, debido a que la Policía no ha remitido las investigaciones orientadas y mencionó que igual situación pasó con la agresión a funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a quien en esa ocasión también le robaron una cámara fotográfica y ha demandado una respuesta de su caso.
“El Ministerio Público no puede suplir en los casos de investigación penal a la Policía, orienta, hace recomendaciones jurídicas, pero ellos son los que tienen la potestad institucional”, dijo Centeno tras señalar que además las fuerzas públicas cuentan con once mil oficiales, y la institución que él preside sólo cuenta con 250 fiscales, e insistió: “El Ministerio Público es un receptor de esa investigación”.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 A