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La matriz constitucional y la madre de la dictadura

Habiendo tomado la decisión de reelegirse a cualquier costo, ante la imposibilidad de obtener los votos necesarios para reformar parcialmente la Constitución, era claro que el presidente Ortega recurriría al Poder Judicial para tratar de eliminar los obstáculos a su perpetuación. Tras el rechazo al proyecto de reforma a la Ley Orgánica, sus operadores políticos en la Corte Suprema empezaron a maquinar la forma de declarar inconstitucionales las reformas de 1995, que introdujeron el doble candado de la no reelección sucesiva y por más de dos períodos. Lo inesperado fue la manera tan atropellada y burda en que actuaron sus magistrados, el remedo de sentencia que ha pasado a ocupar un lugar destacado en la historia universal de la infamia jurídica.

Inesperada fue también la precipitación de la maniobra, algo que los analistas políticos han atribuido a los conflictos intestinos despertados por la incertidumbre de la sucesión entre los seguidores de Ortega, en los que amagaban las armas. A ese factor es necesario añadir otros dos, no menos importantes: la presión de Hugo Chávez, por la pérdida de Honduras y la necesidad de garantizar un enclave para su proyecto “bolivariano” en Centroamérica, y la falta de certeza respecto de la futura composición del Consejo Supremo Electoral, hoy bajo control absoluto, pero con los días contados hasta marzo del próximo año. Este último factor lo confirma la velocidad con que Roberto Rivas y el resto de miembros de ese Poder del Estado se apresuraron a extender el certificado que habilita a Ortega para ser candidato en las próximas elecciones presidenciales. Además, Ortega siempre ha buscado como telón de fondo de las crisis por él generadas el horizonte de las fiestas navideñas, apostando a la apatía y el olvido ciudadanos.

Construida sobre un conjunto de supuestas antinomias o falsas contradicciones en la ley, el remedo de sentencia es expresión de una ideología jurídica totalitaria, que busca hacer del Poder Judicial el pilar fundamental de la nueva dictadura. Primera contradicción: la falsa oposición entre soberanía popular y no reelección. Segunda: entre principio de igualdad ciudadana incondicional, consagrada como un derecho humano, y limitaciones al sufragio pasivo. Tercera: entre Constituyente originario y Constituyente derivado. Cuarta y última contradicción, en la que aparentemente se resumen todas: entre “matriz” y resto de la Constitución.

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Ninguna de estas antinomias existe en nuestro sistema jurídico, desde el momento en que el constituyente originario de 1987 renunciara a establecer diferencias sustantivas entre reforma total y reforma parcial y, en correspondencia, la Ley de Amparo dispusiera con claridad meridiana que “no procede el recurso de inconstitucionalidad contra la Constitución y sus reformas”. En un claro abuso de poder, los seis magistrados se han arrogado la facultad de determinar la “constitucionalidad” de cualquier reforma parcial, pasada o futura. Buscan de esta manera retroceder, en lo que les interesa, a la Constitución de 1987, un traje de corte absolutista hecho a la medida del entonces también presidente Ortega, cuyo genio y figura parecen no alterarse con el paso del tiempo y cuya incapacidad para gobernar con apego al Estado de Derecho parece, en cambio, agigantarse.

La apoteosis antinómica se produce, finalmente, con la supuesta oposición entre preámbulo y parte dogmática, por un lado, y el resto de la Constitución, por el otro. De acuerdo a los magistrados firmantes existe una “matriz” constitucional, “vientre de los derechos ordinarios y extraordinarios”; que encierra “la Soberanía como Principio Supremo de la Nación” y una serie de valores pétreos e inderogables, representativos de la voluntad y memoria de los héroes y mártires, que no pueden ser limitados por ninguna norma ni contradichos por ningún otro precepto constitucional. Corresponde de manera exclusiva, por supuesto, a los sumos sacerdotes magistrados, la interpretación del contenido y aplicación de esa “matriz” o “vientre”; el arcano poder de anular cualquier parte de la Constitución que parezca contradecirla. La “matriz” se constituye, en otras palabras, en la “madre” de la Constitución y en la “madre”, a su vez, de todas las violaciones constitucionales. Es decir, en la “madre” de la dictadura. Al final del mamotreto jurídico todo el Derecho queda reducido a instrumento maleable, subordinado por entero a la voluntad del poder.

Frente a una institucionalidad pervertida y corrupta, las vías legales parecieran no servir sino para el expediente y la memoria histórica. Sin perjuicio de la efectividad final de otras iniciativas, sólo la movilización ciudadana frente al abuso de poder hará retroceder la estrategia militar del régimen de Ortega. El momento decisivo está aún por venir, cuando la Asamblea Nacional elija a los nuevos magistrados del Poder Electoral. Sobre los hombros de los actuales diputados, que se dicen demócratas, y de los ciudadanos que ellos elijan, caerá la responsabilidad de decidir el valor que pueda tener una sentencia notoriamente ilegal, no sólo por los graves vicios de forma y por la incompetencia de quienes la firmaron, sino también por los peligrosos sofismas en que pretende fundamentarse. A ellos tocará decidir qué valor puede tener un certificado emitido por unos magistrados electorales venales, responsables del fraude electoral mejor documentado de la historia de Nicaragua. A ellos, y a una ciudadanía capaz de exigir en las calles respeto a la Constitución y las leyes, firmemente decidida a no dejarse arrebatar la libertad.

El autor es jurista y catedrático universitario

Opinión Chávez dictadura matriz Ortega archivo
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