El remedo de sentencia que le hicieron los magistrados sandinistas de la sala inconstitucional de la Corte Suprema a la Justicia no es como para ponerse a celebrar tempranamente en las rotondas, porque no es garantía de que Ortega será el candidato y sí se podría decir con certeza que es garantía de una oposición unida cohesionada, como lo fue en las elecciones de 1990, 1996 y 2001.
Y ya todos sabemos qué ocurre cuando la oposición va unida, el triunfo está asegurado, porque históricamente ha quedado demostrado que el partido de Ortega es un partido minoritario, un partido del 38 por ciento.
Una cosa positiva han logrado con el atropello a la Constitución quienes irónicamente son los encargados de hacerla cumplir al pie de la letra, los magistrados de la Sala Constitucional o mejor dicho inconstitucional: han logrado una temprana unidad de las fuerzas democráticas que es una garantía de que los planes reeleccionistas de Ortega serán truncados.
O son truncados antes de las elecciones, con promulgación de la ley que anula el contenido legislativo de la llamada “sentencia” de la Corte, o son truncados durante los comicios del 2011 con una aplastante derrota electoral, bajo una montaña de votos.
Todo partido sabe que el ejercicio del poder desgasta y el gobierno de Daniel Ortega con su desastrosa administración se desgasta aún más rápido, máxime que para poder mantener los gastos burocráticos, propaganda, culto a la personalidad y suntuarios que nunca se han visto en la historia de Nicaragua, ahora quiere recurrir a una Ley de Confiscación Tributaria (porque no tiene nada de concertación y sí de confiscación).
De ser aprobada esta Ley a como ha sido enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, según connotados economistas, vendría a acelerar el proceso de deterioro económico que lleva la nación, que está en franca recesión, creando más desempleo porque muchas empresas cerrarían y además sería contraproducente, porque al fin de cuentas no lograría mayores recaudaciones sino que fomentaría la evasión fiscal.
De este fracaso no lo salva ni el Alba, ni Hugo Chávez, cuya ayuda económica sólo ha servido para que Ortega construya un imperio económico familiar y fomente el clientelismo dentro de sus propios partidarios, que al fin de cuentas son un voto cautivo.
Ya no podrá Ortega echarle la culpa de su segundo fracaso como administrador de la cosa pública a la Contra, ni a la guerra ni a los yanquis “enemigos de la humanidad”, a los gobiernos colonialistas europeos, sino que el pueblo sabrá que esa retórica de sus encendidos y aburridos discursos no tiene ningún asidero en la realidad. Así se le pasará la cuenta en la urna electoral, si es que llegamos allí.
Ha tenido su oportunidad que pidió al electorado de gobernar en paz, con una economía que estaba en franco crecimiento económico y tomó las riendas del país con reservas récord y con muchos proyectos de cooperación internacional en ejecución. Todo esto lo ha echado a perder en tan sólo dos años y medio. No hay manera de que sea reelecto.
De la única manera que Ortega podría llegar a ser reelecto sería si permaneciera incólume el actual Consejo Supremo Electoral (que aún no termina de contar los votos de las elecciones municipales del 2008) y en lugar de elecciones en el 2011 tuviésemos un “refraude electoral”. Pero como en guerra anunciada no mueren soldados, la oposición unificada no va a permitir que los mismos magistrados que ejecutaron el mayor fraude electoral de la historia de Nicaragua vuelvan a ser reelectos y puedan ejecutar el “refraude”.
Por eso todos los esfuerzos de todas las bancadas de oposición y de todas las fuerzas vivas de la nación deben estar concentradas en la elección de magistrados honestos, imparciales y probos, que a como lo hizo ejemplarmente don Mariano Fiallos Oyanguren en febrero de 1990: sepan dar a Dios lo que es de Dios y al pueblo lo que es del pueblo, respetando su voluntad sagrada de elegir a sus gobernantes.
El autor es diputado liberal independiente ante la Asamblea Nacional
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