Un diagnóstico financiado por las agencias de cooperación de Noruega, Dinamarca y Finlandia, realizado en julio pasado por la firma independiente CIET International, descubrió las coimas que los ciudadanos deben pagar en las instalaciones judiciales para agilizar sus trámites.
Según el diagnóstico sobre la corrupción en Nicaragua, elaborado por un equipo de consultores entre ellos el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana, doctor Manuel Aráuz, las conductas de la corrupción han mutado según la administración de turno, pero lo normal ahora es que nadie ve corrupción.
Los funcionarios consultados no quisieron hablar del tema y, pese a las investigaciones periodísticas, dentro del Gobierno los empleados públicos perciben que reina la política de “cero tolerancia a la corrupción”.
La investigación menciona el riesgo para la transparencia que supone un presupuesto paralelo al Estado, como ha sido el caso denunciado de la millonaria cooperación venezolana. Una conclusión trágica es que el peso político de los involucrados influye en la justicia, y eso ha sido igual a lo largo de varios administraciones.
¿Cómo fue la corrupción de la administración Chamorro? El diagnóstico responde que se vio en “la desmedida voracidad por la apropiación de lo público por parte de funcionarios gubernamentales, asociados a emergentes grupos empresariales”.
Con el ex gobernante Arnoldo Alemán fue la época en cambio de lo ostentoso. “Pululaba el entendimiento de que el nombramiento en un cargo de alta responsabilidad gubernamental representaba la concesión de una patente de corso para hacer y deshacer. Fue el tiempo del derroche”, se lee en el documento. En relación con el ingeniero Enrique Bolaños la corrupción fue más elaborada y hubo tráfico de influencias, aunque dio ejemplos de combatir la corrupción.
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La medición se hizo en seis mil hogares distribuidos en 70 comunidades del país.
El estudio se titula “Percepción de la corrupción en Servicios Públicos Locales”, tales como los centros de salud, los tribunales, alcaldías y policías de tránsito.
La justicia es la que queda peor de todas las áreas evaluadas.
En las otras existe una disminución de los pagos no autorizados.
En el caso de los tribunales ocurre lo contrario. Hace 11 años, reseña el informe, apenas 22 de cada 100 hogares dijeron que daban coimas, pero ahora la cifra es de 32 y supone un reto enorme para las autoridades.
Los ciudadanos sienten que deben pagar en su mayoría entre 100 y 500 córdobas (24 por ciento), mientras el 17 por ciento asegura que paga entre mil y 3 mil córdobas y otro 17 por ciento dice que paga más de 3 mil córdobas.
POCO CRÉDITO EN GENERAL
Así las cosas, el lector entiende perfectamente por qué 63 de cada 100 hogares perciben corrupción en los juzgados capitalinos, 43 de cada 100 en los departamentales y 31 cuando se trata de municipios y comarcas.
La corrupción en la capital continúa siendo mayor que en los departamentos, pero se ha reducido el margen y de una percepción 42 por ciento contra 26 por ciento en 2006, ahora se pasó a 34 contra 31 por ciento.
“Evitar pagos no autorizados disminuiría la percepción de corrupción en 31 de cada mil hogares usuarios”, se lee en el estudio que fue presentado delante el Procurador General de la República, Hernán Estrada, y el embajador de Noruega en el país.
Las estadísticas no son totalmente del agrado del abogado del Estado, quien destacó los otros datos de la medición en que se percibe cifras de coimas menos grandes que en el Poder Judicial. En las alcaldías, por ejemplo, sólo 11 de cada 100 hogares dicen que tuvieron que pagar por el trámite, dos lo hicieron en los centros de salud, 16 en la escuela primaria pública.
LAS “MORDIDAS”
La otra que sale reprobada es la Policía de Tránsito. Los números indican que aumentó el porcentaje de ciudadanos que debieron pagar para verse librados de una multa. Conocidas como mordidas, esta práctica común fue admitida por 24 de cada 100 hogares.
“Independientemente de la posición política que el diario de usted represente, es importante para que sea una información positiva, que proyecte también la otra parte, y es que hay una voluntad claramente de este Gobierno de satisfacer los derechos de mucha gente que habían estado insatisfechos, no sólo en materia de salud, sino también de justicia. ¿Que hay que hacer algo en esta materia? Pues sí. El Presidente está comprometido con esta tarea”, agregó el Procurador.
Estrada celebró la objetividad del informe y anunció una comisión gubernamental que buscará mejorar, según él, la percepción de corrupción como país y que estaría integrada por ministros de Estado.
REALIDAD EN LOS JUZGADOS
Pero una cosa es como ve la situación el abogado del Estado. Del otro lado de la acera está el veterano penalista Sergio García Quintero, un ex juez de prestigio que conoce además de primera mano la realidad de los juzgados nicaragüenses.
Para él la justicia está prostituida y en este caso recordó la frase de un magistrado que hace algunos años sostuvo que, ante la falta de dinero, la única salida es que “a los pobres los defienda Dios”.
Esa corrupción se da a todos los niveles. Existen en los pasillos de la Corte y en las otras dependencias estatales, allegados a los magistrados que les informan sobre determinados casos en los que luego pueden negociar con las partes involucradas.
“Andan vendiendo la justicia a domicilio. El destino del juicio está señalado desde que comienza. Hay magistrados de la Suprema que tienen gente que está atenta a juicios grandes para informarles lo que está ocurriendo, son utilizados como puentes y ofrecen protección a cambio de una colaboración”, añadió el abogado.
LA POLÍTICA
Los intereses económicos presionan mucho al sistema y también lo hace lo político. El caso más reciente, la sentencia que dio vía libre a la reelección del presidente Ortega. García Quintero se queja y analiza que si ha llegado a un punto muerto es por los intereses políticos que pululan en el ambiente.
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