Por Bosco Matamoros
En Nicaragua la República democrática, nacida en 1990, está al borde del precipicio. El golpe se lo asestaron seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia allegados al presidente Daniel Ortega, que, en secreto, y violentando el precario Estado de Derecho, resolvieron terminar con la prohibición a la reelección presidencial arrogándose facultades exclusivas del Poder Legislativo.
Esta decisión, en un país como Nicaragua, caracterizado por retardación de justicia, se resolvió en 24 horas. Sin tomar en cuenta que al menos siete de cada diez nicaragüenses se oponen a la reelección presidencial y con el agravante que dada sus enormes implicaciones para el país debería haber sido consultado ampliamente y sometido a un referendo, supervisado por observadores nacionales e internacionales.
Los argumentos utilizados para justificar esta resolución no tienen sustento lógico ni jurídico. En Nicaragua las instituciones no tienen ni por asomo la solidez institucional de Costa Rica. En Uruguay y otros países la reelección es permitida en períodos alternos, pero no más de una vez. José María Sanguinetti, después de cumplir su segundo mandato, nunca ha reclamado que sus derechos estén siendo conculcados. Tampoco Ernesto Zedillo, en México, donde la reelección está vetada en la Constitución como garantía de sanidad pública. Por último, en los EE.UU., donde se permite una reelección en períodos continuos. Ronald Reagan y Bill Clinton, que probablemente hubieran sido reelectos, una tercera vez, nunca la pretendieron, ni trataron de justificarla alegando la discriminación de sus derechos. No obstante, habían concluido sus mandatos con un altísimo índice de popularidad.
Esta crisis es el resultado de varios factores que evidencian la desarticulación de la nación, que se agudizó con la división del liberalismo en las elecciones del 2006. Se agravó con la fragmentación de la oposición en la Asamblea y el oportunismo de algunos sectores en sus relaciones con el régimen. Esto es más grave si tomamos en cuenta que el país está enfrentando una profunda crisis económica, reflejo de la crisis global. La ineficiencia administrativa del Gobierno. Y el retiro del apoyo presupuestario de la Comunidad Internacional por el fraude en las elecciones municipales del 2008 y el deterioro de la gobernabilidad.
Ante el rechazo a la reelección presidencial el Gobierno ha respondido con una estrategia de hechos consumados, que está llevando al país al borde del precipicio. Al no lograr los 56 votos en la Asamblea Legislativa se ha puesto en evidencia la crisis existencial del régimen, teniendo que recurrir a una maniobra judicial, que de hecho deslegitima esta iniciativa. Ante este fracaso el presidente Ortega enfrenta una encrucijada. Si cede su control sobre el partido se podrían agravar las divisiones en el FSLN. A como se están dando los primeros síntomas entre las diferentes facciones. Si acepta las demandas legítimas de la oposición, y de la comunidad internacional, que exigen la reingeniería del sistema electoral, garantizando elecciones libres. Con observadores nacionales e internacionales, probablemente las perdería a como ocurrió en tres ocasiones. Por otro lado su continuación en el poder, más allá del 2011, bajo las actuales condiciones, sería ilegítima, poniendo en riesgo el futuro de su partido y la estabilidad del país.
Hasta ahora la fragmentación de la oposición ha facilitado las tendencias autoritarias del régimen. Esta crisis ofrece una gran oportunidad para el país, cuya solución debería pasar por la formación de una coalición de los partidos de oposición. Que incluya la sociedad civil, el sector privado, inclusive; sectores moderados en el FSLN, para rescatar la institucionalidad y recuperar el apoyo de la comunidad internacional. Estableciendo reglas claras que aseguren la alternabilidad en el poder y la igualdad ante la ley. El fracaso en esta coyuntura podría llevar al aislamiento de Nicaragua y sumergirlo en una crisis al estilo de Zimbabwe con efectos impredecibles para el país y el resto de Centroamérica.
El autor actualmente trabaja como consultor político en Washington, DC.
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