Por Carlos Salinas Maldonado.-
El 16 de noviembre de 1989 se escribió uno de los capítulos más oscuros de la larga guerra civil que desangró a El Salvador. La madrugada de ese día un pelotón del Batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño entró al campus de la Universidad Centroamericana en San Salvador y asesinó en sus habitaciones a seis sacerdotes jesuitas, incluyendo al rector de la universidad, Ignacio Ellacuría. En la masacre también murieron la ama de llaves de los sacerdotes y su hija.
El Batallón Atlacatl es famoso por sus crímenes brutales. En diciembre de 1981 cometió la que se conoce como la peor masacre ocurrida contra civiles en América Latina: el asesinato de unos novecientos campesinos de la región conocida como El Mozote. Entre febrero y marzo de 1983 esa misma tropa élite bombardeó las faldas del cerro Guazapa, en un operativo contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que causó más de 250 muertos en la que es conocida como la Masacre de Tenango y Guadalupe.
Los sacerdotes jesuitas de la UCA, principalmente Ellacuría, se habían alzado entre las voces que denunciaban esas matanzas y la represión sin límites desatada por el Ejército en su lucha contra la guerrilla del FMLN. Las críticas pusieron a los sacerdotes en el blanco de los militares. Ellos acusaban a Ellacuría de ser jefe de la guerrilla.
“El padre era un referente”, cuenta Rafael Sivatte, en su despacho de Jefe del Departamento de Teología de la UCA en San Salvador. “En sus escritos analizaba la realidad del país. Era un pensador importante en la línea de un proyecto de justicia para la mayoría. Sabía a lo que se exponía. Sospechaba que podía pasar eso”.
Lo que pasó fue una masacre que hizo que el mundo volviera sus ojos hacia El Salvador, el pequeño país olvidado y ahogado en la sangre de más de 70 mil personas muertas en la guerra civil. Al amanecer del 16 de febrero de 1989, los grandes medios internacionales transmitían la noticia del asesinato de los seis sacerdotes. Al día siguiente, el influyente The New York Times se la presentaba así a sus lectores:
“A la mayoría de los sacerdotes los sacaron de sus camas en los cuartos del dormitorio de la universidad, en las afueras de la capital, y les dispararon en la cabeza con rifles de alta potencia, al parecer del mismo tipo de los usados por el Ejército. La cocinera de los jesuitas y su hija de 15 años también fueron asesinadas a tiros”.
La escena era dantesca: los cuerpos de cuatro sacerdotes con los rostros desfigurados fueron arrastrados hasta el patio de la casa dormitorio, vestidos con ropa de dormir. En su cuarto quedaron los otros sacerdotes y las dos mujeres, la angustia congelada en su rostro. Las manchas de sangre ensuciaban el piso y las paredes. Restos de carne humana se miraban regados por las habitaciones. “Fueron asesinados con barbarie. Por ejemplo, les sacaron los cerebros”, dijo en esa ocasión al Times el reverendo José María Tojeira, Jesuita Provincial para Centroamérica. Sivatte cuenta que la noche de la masacre los soldados, después de cometer su crimen, se tomaron el tiempo de vaciar la cocina de la casa. “Se quedaron tomando cerveza”, afirma. Luego se marcharon.
En el edificio de la UCA se leían citas como ésta: “El FMLN ha ajusticiado a los jesuitas”. Para Sivatte el objetivo era culpar a la guerrilla por la masacre. El mismo Gobierno negó inmediatamente responsabilidad en los asesinatos, prometió investigarlos, pero sugirió que los rebeldes tenían motivos suficientes para cometer el crimen.
—Hubo testigos que vieron al Ejército esa noche— explica Sivatte. —Ellos mataron a los jesuitas. En ese entonces la UCA estaba rodeada por destacamentos militares y el FMLN no podía entrar libremente a la universidad.
Meses antes de la masacre el padre Ellacuría se había reunido con la guerrilla para instarlos al diálogo con el Gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994). Ellacuría era uno de los impulsores de una salida negociada a la guerra. Sivatte dice que el sacerdote había reclamado a los guerrilleros por la violencia y los asesinatos de los que se les acusaba, porque estaba en contra de la violencia del movimiento revolucionario para lograr un cambio social. Pero como el Ejército consideraba a Ellacuría un colaborador de la guerrilla, “pensaban que sin él las fuerzas intelectuales de izquierda no apoyarían a los guerrilleros”.
Así es que Ellacuría era el blanco de las críticas no sólo del Ejército, sino de los sectores más reaccionarios de una sociedad altamente conservadora. El sacerdote recibía constantes amenazas. “En la televisión decían que Ellacuría era un traidor de la patria y por tanto se sabía qué tenían que hacer con él”, cuenta Sivatte.
Tres días antes de la masacre, el jesuita había regresado de Barcelona, donde recibió el premio de la Fundación Comín, que consistía en una placa de plata y dinero. Era lunes. Esa noche, el Ejército realizó un cateo en la universidad, que incluyó una visita a los cuartos de los jesuitas. Para uno de los sacerdotes, Ignacio Martín-Baró, vicerrector académico, aquella visita “más que un cateo es reconocimiento de terreno”, como dejó escrito en la computadora de su habitación.
Esa noche los sacerdotes recibieron llamadas que les pedían dejar la casa dormitorio, que se fueran a dormir a otro lugar. Ellacuría se negó. Dijo que si allí les pasaba algo, se sabría que sería culpa del Ejército, explica Sivatte.
La tensión reinaba en San Salvador. La masacre de los jesuitas se produjo en el contexto de una fuerte ofensiva militar contra la guerrilla, que ya había llegado a las cercanías de la capital. El fin de semana antes del asesinato de los sacerdotes, se produjeron en la ciudad los combates más sangrientos de una guerra civil que ya se extendía por más de una década.
El Ejército salvadoreño contaba con el apoyo de Estados Unidos, que había entregado, según The New York Times, “cientos de millones de dólares” en ayuda militar y económica. Además, un militar estadounidense asesoraba en la formación de las fuerzas armadas del país. “El jueves anterior el escuadrón recibía un curso sobre ataques nocturnos impartido por militares norteamericanos”, dice Sivatte.
—¿Cree que Estados Unidos tiene culpa en el crimen?
— Estados Unidos está implicado en todo. No ignoraba lo que el Ejército podía hacer aquí.
Al día siguiente de la matanza de los jesuitas, agrega Sivatte, el Ejército salvadoreño envió al pelotón del Batallón Atlacatl al frente de guerra. Murieron varios soldados. El objetivo era silenciarlos.
La oficina de Rafael Sivatte es un amplio cuarto con paredes de madera barnizada y ladrillos rojos. Está decorada modestamente: títulos de estudio y reconocimientos, recuerdos de los jesuitas asesinados, un retrato de monseñor Óscar Romero y muchos libros y estudios cuidadosamente ordenados en estanterías también de madera. Es aquí donde Sivatte explica a Domingo los planes de reabrir el caso. “Preferimos que sea en instituciones judiciales de aquí o de la OEA. Lo que queremos es que salga la verdad”.
Sivatte resalta el interés de que el juicio se reabra en El Salvador porque la Audiencia Nacional de España anunció a inicios de año que investigaría el asesinato de los jesuitas, cinco de ellos españoles. La Audiencia dio trámite a una querella presentada en noviembre de 2008 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que acusaba a 14 militares salvadoreños de ser los autores de la masacre. La acusación, además, incluía a Alfredo Cristiani por el delito de encubrimiento, al ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Según el diario español El País, un juez desestimó enjuiciar a Cristiani.
—¿Cree que el ex presiente Cristiani tuvo participación en la masacre?
—Él lo sabía esa noche, tuvo que haber firmado algo. Uno no puede ser tan ignorante. Hay muchas razones para creer que Cristiani sabía más de lo que ha dicho.
Muchos de los detalles del asesinato de los seis jesuitas y sus asistentes todavía se mantienen en la oscuridad. Y la mayoría de los acusados en la masacre no han sido culpados. En septiembre de 1991 se realizó un juicio a 14 militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza. Estos militares, sin embargo, quedaron en libertad en marzo de 1992, cuando la Asamblea aprobó una Ley de Amnistía general impulsada por Cristiani.
—El juez que llevó el caso fue privado del proceso porque quiso llegar hasta el fondo. Durante el proceso los soldados dijeron la verdad, extraoficialmente reconocieron a los implicados, pero en el juicio negaron todo— explica Sivatte.
Aquella sentencia fue fallada de madrugada, recuerda Sivatte. Él había llegado hasta el edificio donde se había desarrollado el juicio y mientras subía las escaleras hasta la sala donde el presidente de la Corte Suprema leía el acta, escuchaba aquella palabra que para él sonaba a bofetada: “Inocente… Inocente… Inocente”. Los dos militares condenados corrieron con mala suerte. “Tenían que condenar a alguien”, dice. Fueron encerrados en una prisión de Santa Ana, donde cumplieron parte de la condena “a cuerpo de rey”. Tras salir libres por la amnistía, huyeron.
El ascenso al poder del presidente Mauricio Funes podría significar un rayo de esperanza para esclarecer totalmente el crimen contra los jesuitas. Funes ya hizo historia en El Salvador al reconocer la responsabilidad del Estado en el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. El asesinato quedó en el olvido durante los 20 años de gobiernos conservadores de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo fundador, Roberto D’Aubuisson, fue acusado de ser el autor intelectual del crimen.
Lo mismo pasó con la masacre de los jesuitas. “Los políticos de derecha lo han silenciado lo más que han podido”, dice Sivatte. Pero ahora, explica, están dispuestos a empujar las investigaciones. “El caso ahora es contra los autores intelectuales, que se sabe quiénes son. Los nombres fueron determinados por la Comisión de la Verdad”. Se refiere al organismo establecido tras los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra, con el objetivo de investigar los crímenes y violaciones a los derechos humanos.
—¿Cree que con Funes se avance en el caso?
—Los órganos judiciales siguen siendo los mismos, a pesar del FMLN. El politiqueo es total. Tendría que haber una reforma seria a la justicia.
—¿Qué esperan ustedes?
—Se nos acusa de que somos vengativos, de levantar viejas heridas, pero lo que queremos es que se haga justicia— dice Sivatte.
PEDIR PERDÓN
Héctor Samour, jefe del Departamento de Filosofía de la UCA de El Salvador, dijo que la Iglesia y el Estado trabajan en una declaratoria para que el Gobierno del presidente Mauricio Funes reconozca la culpa del Estado en los asesinatos y pida públicamente disculpas. Ya se dio un primer paso al respecto, con la declaración hecha por Funes sobre el asesinato de Óscar Arnulfo Romero.
Samour, sin embargo, dice que no hay voluntad por parte del nuevo gobierno de izquierda en abrir el caso, para evitar un conflicto con las Fuerzas Armadas y porque también podrían salir a luz casos de asesinatos cometidos por la guerrilla.
“Es importante que el Estado reconozca su responsabilidad en los asesinatos y pida perdón a las víctimas y sus familiares y señale responsabilidades”, dijo Samour.
LAS MUERTES
La noche del 16 de noviembre de 1989, en la casa-dormitorio de la UCA de San Salvador fueron asesinados por un pelotón del Batallón Atlacatl del Ejército:
Ignacio Ellacuría, rector de la universidad
Ignacio Martín-Baró, vicerrector académico
Segundo Montes, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA
Juan Ramón Moreno, director de la Biblioteca de teología
Amando López, profesor de filosofía
Joaquín López y López, fundador de la universidad.
Elba Ramos, empleada de la casa, y su hija Celina Ramos.