Tras la realización de una fiscalización sobre el acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y otros delitos, la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos recomendó a la Comisión de la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional que elabore una propuesta de reforma al Código Penal para que se tipifique el delito de muertes de mujeres como feminicidio.
En el informe realizado por esa institución, tras la verificación efectuada en varios municipios del país, determinó que el personal asignado a las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, es limitado para atender con beligerancia la totalidad de casos reportados a diario.
La falta de personal sobrecarga a las y los investigadores, pues estima que éstos trabajan turnos de 24 horas al día, lo que provoca demora en la tramitación de expedientes y que provoca que hayan casos pendientes de ser remitidos al Ministerio Público.
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La falta de un equipo interdisciplinario en las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia limita la atención integral a mujeres, niños y niñas en los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, revela el informe.
Tomando en cuenta datos estadísticos del año pasado la Procuraduría de Derechos Humanos indica que esa institución conoció 16,438 denuncias relacionadas con delitos sexuales, violencia intrafamiliar y delitos contra la vida de mujeres, de los que un poco más del 50 por ciento correspondió a violencia intrafamiliar.
El informe indica que de ese total de casos que ingresó a las Comisarías 4,736 fueron remitidos al Ministerio Público, referidos a violencia intrafamiliar y casos sobre delitos sexuales.
Menciona el informe que en las Comisarías sólo el uno por ciento de las víctimas fueron atendidas por todo el personal interdisciplinario, o sea por una psicóloga, trabajadora social, un forense y una investigadora.
Fátima Millón, de la Red de Mujeres contra la Violencia, estima que las limitaciones en el sistema de justicia es un tema que ese organismo lo ha señalado en otras ocasiones, no obstante, considera que las mismas tienen que ver más que todo con la calidad de la atención de los funcionarios y mucho con la voluntad política, pues en muchos lugares no hay Comisarías y por tanto las denuncias son atendidas por oficiales no especializados en el tema, por lo que muchas veces las mujeres son revictimizadas.
Otros problemas que mencionó Millón fue que la Fiscalía no cuenta con fiscales especializados en todos los municipios del país. Y hay sitios, dijo, donde dependen del Fiscal departamental. “Y en los juzgados te encontrás con jueces que no les das el debido abordaje. La parte técnica muchas veces favorece al agresor”, comentó la representante de la Red de Mujeres.
Esa organización preocupada por la forma en que aún se aborda el tema en algunos medios de comunicación, impulsó un conversatorio con periodistas.
La fiscalización de la Procuraduría de Derechos Humanos fue realizada en Estelí, Juigalpa, Boaco, Matagalpa, Jinotega, León, Chinandega, Bilwi, Siuna, Bluefields, así como de los distritos Dos, Tres, Cuatro, Cinco y Seis, de Managua.
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