Las bancadas de oposición en la Asamblea Nacional brindaron respaldo a un proyecto de ley de amnistía particular, a favor de Carlos Quiñónez y Fernando Avellán, el primero hermano del diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Enrique Quiñónez.
La iniciativa también ampara a otras tres personas que fueron acusadas por Amelia Ann Owen, por los delitos de usurpación de dominio privado, amenazas de muerte y daños agravados.
El proyecto de ley fue presentado ante la Primer Secretaría del Poder Legislativo, el pasado viernes, por el diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Carlos García.
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El parlamentario explicó que la idea de presentar el proyecto de amnistía, para el cual solicitarán un trámite de urgencia, surgió debido a las irregularidades con que se siguió el proceso.
“Nosotros creemos que ha habido un juicio imparcial, político, contra estos ciudadanos que de una u otra manera están a favor de la democracia, y que los jueces sandinistas han estado imputándolos de una manera parcial”, destacó García.
Por su parte, Enrique Quiñónez insistió en que el partido de Gobierno impulsaba una especie de presión política sobre su persona a través de su hermano Carlos, ya que la acusación de amenazas de muerte se hizo diez meses después de ocurrida, y sin tomar en cuenta que los indiciados no se encontraban en el lugar.
El parlamentario manifestó que se encuentra en posesión de la propiedad en disputa con la familia Owen, por un amparo emitido por el Tribunal de Apelaciones, lo que desvirtúa lo señalado por el judicial, que lo acusa de usurpación.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) también se sumó al respaldo a la iniciativa e hizo un llamado para que el Gobierno convoque a un diálogo con todos los sectores e implemente esa “verdadera reconciliación” que pregonan.
El dirigente del PLC, Arnoldo Alemán, exhortó a dejar de utilizar el sistema judicial para castigar o premiar a todos aquellos que actúen en contra o a favor de los intereses del partido de Gobierno.
Para Eduardo Montealegre, la sentencia contra Quiñónez y Avellán, entre otras personas, implica que son los primeros presos políticos de la actual administración.
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