Tres supuestos tomatierras están siendo procesados en Río San Juan, acusados por diversos delitos, por tráfico de propiedades ubicadas en la Reserva Biológica Indio Maíz.
Se trata de Anselmo Amador, acusado por el delito de estelionato, ya que supuestamente vendió a terceras personas las tierras que son del Estado y que además están en áreas protegidas; José Ramón Herrera Guadamuz fue acusado por usurpación del dominio público y José Heriberto Rivera Tórrez será procesado como cooperador necesario, todos estos delitos cometidos en perjuicio del Estado de Nicaragua, específicamente de la Reserva Biológica Indio Maíz.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que durante la celebración de la audiencia preliminar del caso, en el Juzgado Local Único del municipio de El Castillo, en Río San Juan, el juez responsable de dicha judicatura admitió la acusación en contra de los acusados, porque cumplía con los requisitos de ley.
El juez programó la audiencia inicial para el 18 de noviembre de este año 2009.
Como parte de las medidas cautelares, el judicial ordenó la no penetración de los acusados a la comunidad denominada La Samaria y la presentación a juicio para el día acordado.
IMPORTANTE PRECEDENTE
Ésta es la primera acusación en el sector de La Samaria, constituyendo un importante precedente en la protección de la Reserva de Biosfera de Indio Maíz, informó la oficina de prensa de la PGR.
Según la Procuraduría, en este tipo de operativos ha sido fundamental la participación del Marena, quien dirige las incursiones en la Reserva, para permitir a la Policía Nacional la captura de los invasores y depredadores; todo esto con el decidido apoyo del Ejército Nacional.
“La PGR está en constante coordinación con el Marena y el resto de autoridades, para garantizar la efectividad de estas incursiones a través de la promoción de las acciones penales correspondientes, por lo que las mismas se realizarán de forma constante tanto en la Reserva Indio Maíz como en Bosawas”, indicó el Procurador General de la República, Hernán Estrada.
Estrada reiteró que “con las nuevas facultades que el Código Penal brinda a la PGR como víctima, se ha facilitado la promoción de acciones penales de forma directa e inmediata y ya no tenemos que esperar el agotamiento de la vía administrativa ante el Ministerio Público”, dijo el funcionario público.
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