CORRESPONSAL / COSTA RICA
Ayer entró a regir en Costa Rica una nueva ley que pena los matrimonios simulados entre un nacional con un extranjero, donde este último lo hace con fines migratorios.
La ley fue firmada la semana pasada por el presidente Oscar Arias y ayer fue publicada en el diario oficial La Gaceta.
La legislación establece sanciones penales y disciplinarias para todas las personas, sean éstas contrayentes, testigos y notarios, que participen dolosamente en la celebración de estos matrimonios simulados, debido al creciente negocio ilícito en Costa Rica de legitimar el ingreso de extranjeros, muchos de ellos dedicados a delinquir.
Para cuando se celebre un matrimonio simulado la pena será de dos a cinco años para cónyuges, testigos y notarios.
Y cuando el matrimonio se celebre para fines migratorios la pena será de 3 a 6 años para esas mismas personas. En cuanto a los notarios, también se les aplicará una sanción disciplinaria, sin perjuicio de las acciones penales, que consiste en una suspensión de seis meses a tres años del ejercicio de su profesión.
Además, se le da carácter de nulidad absoluta a los matrimonios cuando fueren simulados, por lo que no generan ningún derecho, incluyendo los relacionados con materia migratoria.
Los principales impulsores de esta ley fueron los diputados Evita Arguedas y Francisco Antonio Pacheco.
“Nos hemos visto expuestos a recursos de amparo, cuando no resolvemos de manera favorable este tipo de solicitudes (de matrimonios). Ahora con la ley que viene a penalizar los matrimonios simulados, vamos a contar con esta herramienta jurídica, para efectos de poder ante los casos de duda inmediatamente referirlos ante el Ministerio Público para poder sancionar a estas personas”, explicó el director de Migración, Mario Zamora.
Las autoridades migratorias costarricenses estiman que existen redes que están utilizando la necesidad de personas pobres e indigentes, a quienes les pagan montos ridículos para que autoricen casarse con un extranjero que nunca llega a conocer.
El negocio deja a notarios públicos e intermediarios ganancias cuantiosas y permite la entrada al país de extranjeros para obtener residencia legal costarricense, pero en muchos casos entran al país a cometer actos ilícitos.
En Costa Rica entra en vigencia esta ley, en momentos en que existe un debate sobre cómo mejorar los controles migratorios que permiten la entrada a personas que llegan al país a delinquir.
El debate surgió luego que en un tiroteo entre jamaiquinos y oficiales del Organismo de Investigación Judicial dejara el saldo de un agente muerto.
Las autoridades decomisaron a un jamaiquino un fusil AK-47, cuyo uso está prohibido en el país.
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