Los signos de confusión entre la poderosa empresa Albanisa, vinculada con la familia presidencial y manejada por el tesorero del Frente Sandinista, Francisco López y el Estado de Nicaragua siguen saliendo a la luz.
Aunque Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap), presidida por la esposa de López, Carmen Reyes, confirmó que debido a que los antiguos inquilinos se niegan a desalojar una de sus propiedades, no existe una “relación contractual definida” con terceros interesados en arrendar. Pero la verdad es que desde inicios de año el inmueble está en manos de Albanisa y ahí funcionan Albatransporte y Albaequipos.
El sindicalista Nilo Salazar, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Independiente (CGT-i), denunció lo que está ocurriendo en la Cornap.
Según Salazar, después de nueve años de arrendar parte del inmueble, tiempo en el que cumplieron tanto con el pago del alquiler como del resto de cláusulas del contrato de arriendo, la Cornap decidió no renovar el contrato e iniciar un juicio de desalojo.
CORNAP HABÍA RENOVADO CONTRATO CON CGT
En los primeros meses del gobierno del presidente Daniel Ortega, la CGT-i comunicó a las recién nombradas autoridades de Cornap su deseo de renovar el contrato que vencía en octubre de ese año. La respuesta fue positiva, el 29 de octubre del 2007 Carmen del Socorro Reyes García, como presidenta de la junta directiva de Cornap, firmó con Salazar la renovación del contrato. En ese momento el único cambio fue el establecimiento de un nuevo canon de arriendo que pasó de 85 a 200 dólares mensuales.
Pero en julio del 2008, noventa días antes del vencimiento del contrato, les informaron que no habría más renovación de contrato. Al parecer Reyes García, que es la esposa de Francisco López, presidente de Petronic, vicepresidente de Albanisa y tesorero del partido de gobierno, había decido dar la propiedad a una de las empresas que maneja su esposo.
CGT-I DICE QUE INVIRTIÓ 25,000 DÓLARES
La CGT-i se resiste a desalojar la propiedad, ya que exige una indemnización, pues aseguran que durante los nueve años que hicieron uso del local invirtieron alrededor de 25 mil dólares en remodelaciones y mejoras al inmueble.
Ante tal negativa, la Cornap inició un proceso judicial de desalojo que aún no concluye.
Sin embargo, desde inicios de este año, funcionarios de Albanisa se “adueñaron” del resto del plantel y en reiteradas ocasiones han presionado a los representantes de la CGT-i para que desalojen las instalaciones, ya que dicen necesitarlas para las oficinas de Albatransporte. Al consultar a Cornap sobre la situación del plantel, se nos dijo que sólo brindaban información a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública.
LA PRENSA cumplió con el trámite establecido y solicitó detalles sobre los motivos que provocaron la cancelación del contrato y las condiciones del contrato de arriendo con los nuevos inquilinos, es decir con Albanisa.
La respuesta entregada por Cornap dice: “El contrato de arriendo entre las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap) y la Confederación General de los Trabajadores Independientes de Nicaragua (CGT-i) sobre el arriendo de un local de 395.3 metros cuadrados ubicado en el plantel TRAKSA-Batahola, según la cláusula tercera venció el 31 de octubre del 2008. La Cornap comunicó a los arrendatarios con 90 días de anticipación la decisión de no prorrogar el contrato de arriendo simple establecida en la cláusula tercera en el mismo contrato”.
En cuanto a los detalles del contrato con Albanisa, la respuesta de la institución pública dice: “Cornap no ha definido ningún tipo de relación contractual con terceros interesados en arrendar el inmueble Traksa/Enicons, porque los ocupantes se niegan a entregar la propiedad, a pesar de que su contrato de arriendo se encuentra vencido con ellos, motivo por el cual se tuvo que recurrir judicialmente para restituir el inmueble propiedad del Estado, por lo tanto, mientras no se obtenga una sentencia definitiva del juicio no se puede contratar con terceros interesados en arrendar el inmueble”.
A pesar de esta información ofrecida por la Asesoría Legal de la Cornap, dirigentes, miembros y visitantes de la CGT-i deben cumplir las normas establecidas por Albanisa para ingresar a la propiedad.
La entrada de periodistas está condicionada a que no sean acompañados por reporteros gráficos.
RESTRICCIÓN A PERIODISTAS
“Si don Nilo la está esperando, puede entrar pero usted sola. La entrada de cámaras fotográficas o cualquier equipo que grave está prohibido, si pasa baje del vehículo y entre”, dijo uno de los encargados de las llaves del portón de acceso, vistiendo uniforme con el letrero de Petronic.
Al solicitar que alguno de los funcionarios de Albanisa nos explicara el porqué de estas normas, el vigilante consultó a través del teléfono con varios jefes, pero todos respondieron que ahí no había nadie que pudiera referirse a ese tema.
Agregó, “seguramente en LA PRENSA también hay normas y los que llegan de visita y no las cumplen seguramente no los dejan entrar o los sacan”, aseguró.
Salazar considera que la situación que vive es muy tensa y la califica como una medida de presión del presidente Daniel Ortega a los sindicatos independientes con el objetivo de desaparecerlos, ya que sin ninguna justificación legal decidió cancelar el contrato.
Además, Salazar acusa a los jueces de desobedecer al presidente Ortega, ya que aunque ha dicho muchas veces que no habrá desalojos, “todos los jueces sandinistas han fallado a favor de ellos (de la Cornap) con la intención de desalojarnos”.
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