Una comprensible y justificada indignación causó entre los dirigentes de las organizaciones civiles y los partidos políticos que han convocado a la marcha democrática y pacífica de este sábado 21 de noviembre en Managua, que la jefatura de la Policía Nacional les pidiera cambiar la ruta que había sido previamente autorizada por la misma Policía, que de esa manera se sometió al capricho de los cabecillas de las turbas orteguistas.
Inclusive hay dirigentes democráticos que culpan a la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera Sacasa, de que “está amarrada” con Daniel Ortega. Algunos hasta le exigieron “que se amarrara los pantalones”, o sea que ejerciera su autoridad en este caso respetando el acuerdo previo sobre la ruta de la marcha cívica y mandando a los orteguistas a marchar por otro rumbo.
En realidad, de acuerdo con la Constitución, con la Ley de la Policía Nacional (Ley 228), con el Reglamento de la Policía Nacional (Decreto 26-96), con la Doctrina Policial, Visión, Misión y Principios Institucionales de la Policía Nacional (Disposición No. 103/97), y con el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional (Decreto 27/96), la jefatura policial tenía el deber legal y la obligación ética de respetar y hacer que se respetara la ruta previamente establecida para la marcha cívica y pacífica de la oposición. Y a quienes posteriormente solicitaron permiso para otra marcha, el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, debió fijarles otra ruta, alejada de la primera.
El primero en tiempo es siempre primero en derecho, establece el principio jurídico esencial cuyo respeto garantiza la convivencia humana civilizada y pacífica. En un Estado de Derecho, este principio tiene que ser aplicado y respetado de manera incondicional por todas las personas, pero principalmente por quienes ejercen y representan la autoridad pública. Y de la misma manera se debe respetar otro principio esencial del derecho, de que nadie puede poner a otro una condición inicua, mucho menos que esa imposición provenga de una autoridad gubernamental.
Pero la actitud de la jefatura policial, notoriamente parcial a favor de los cabecillas de las turbas y claudicante en relación con los principios constitucionales y legales en los que se sustenta jurídica, política y éticamente la institucionalidad de la Policía Nacional, se debe precisamente a que ésta se encuentra subordinada a Daniel Ortega, por mandato del artículo 97 de la Constitución. De manera que si Daniel Ortega —quien se limpia por lo menos las botas con la Constitución, con las leyes, con el Estado de Derecho y las instituciones—, le ordena a la jefatura de la Policía atropellar el derecho de las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de oposición, y someterse a los cabecillas de las turbas orteguistas, no le queda más remedio que hacerlo.
Visto el problema desde este ángulo, se puede decir que en tanto que institución también la Policía Nacional es víctima de los atropellos dictatoriales de Daniel Ortega. Y en su condición personal, los mandos policiales son humillados por el poder perverso que está encima de ellos y los obliga a irrespetar su institución, a traicionar los principios que durante más de 15 años les hicieron desempeñar su profesión con honor, dignidad y apego a la ley
El miércoles 16 de noviembre de 1966, tres días después de que un ciudadano opositor llamado Sebastián Pavón fue asesinado en Niquinohomo por las turbas somocistas, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal escribió para LA PRENSA un editorial titulado “El Ejército y las Milicias”, en el que observó que “los ciudadanos por haber sufrido la opresión somocista atribuyen injustamente esa opresión a los militares, sin recordar que ellos son también oprimidos”. El doctor Chamorro Cardenal se refería a los militares de la Guardia Nacional de la dictadura de los Somoza, que ejercían también las funciones de policía. De manera que con mayor razón se puede decir lo mismo, ahora que la Policía Nacional como institución, y los policías en lo personal, desde sus oficiales de base hasta los más altos mandos —exceptuando a los policías orteguistas, que sin duda los hay—, son también víctimas de los atropellos dictatoriales del actual Gobierno. Y sin duda que en lo íntimo de sus conciencias, todos los policías dignos y honestos repudian las agresiones de las turbas a los ciudadanos que desafían valientemente todos los obstáculos para demostrar su voluntad de ser libres, lograr la justicia y gobernarse en democracia.
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