Las negociaciones para la elección de magistrados, que requiere de 56 votos en la Asamblea Nacional, ya no serán entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y determinada fuerza política, sino que tendrán que realizarlas con el bloque opositor que ayer decidió trabajar por consenso para la escogencia de los futuros funcionarios públicos.
Sin embargo, la elección de éstos deberá cumplir con ciertas condicionalidades, las que fueron ratificadas ayer por los partidos de oposición en la “Reunión de Metrocentro II”, al suscribir un pronunciamiento en que se comprometen a no elegir en la Asamblea Nacional a nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), mientras no haya una reestructuración interna en ese Poder del Estado “que garantice la transparencia y respeto del voto”.
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El pronunciamiento establece que no se reelegirá a ninguno de los actuales magistrados propietarios y suplentes del Poder Electoral, aunque la medida será extensiva al Poder Judicial y a instituciones como la Contraloría General de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos.
El punto 4 del acuerdo, consensuado por los partidos y movimientos políticos de oposición, enfatiza en “no elegir ninguno de los funcionarios que deben ser nombrados por la Asamblea Nacional en 2009 y 2010, mientras no se escoja en esos cargos, de acuerdo a los preceptos constitucionales, a personas capaces, honestas e imparciales”.
El diputado Eduardo Montealegre explicó que la transformación del Poder Electoral no pasa por una reforma, ni constitucional ni electoral.
En ese sentido, el ex presidente Arnoldo Alemán aclaró que la propuesta consiste en impulsar un proceso de “compactación o reconversión ocupacional”, como se conoció en las décadas de los ochenta y noventa.
El planteamiento es que los actuales funcionarios de las estructuras electorales, que en su mayoría son orteguistas, y a quienes se les señala de controlar ese Poder del Estado para favorecer a su partido político, renuncien para después proceder a contratar personal profesional, sin un marcado interés partidario.
Aunque la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) es partícipe de las estrategias que impulsa el bloque opositor, se le ha cuestionado la posición del diputado Alejandro Ruiz, quien en último momento no respalda las iniciativas acordadas por ellos, lo que fue minimizado por su presidente, Alejandro Mejía Ferreti.
El dirigente de ALN subrayó que no se debe “satanizar” a esa organización política, porque al suscribir el documento de ayer los opositores se comprometen a defender que “se respete la institucionalidad y el Estado de Derecho”.
La unidad opositora —destacaron los partidos ayer— obedece a defender la democracia ante las acciones dictatoriales del presidente Daniel Ortega, entre las que enumeraron el fraude electoral, el irrespeto a la Constitución y los derechos fundamentales de los nicaragüenses.
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