Esta es la segunda semana consecutiva que voy a tocar el tema de la Policía y su jefa, la primera comisionada Aminta Granera.
No es que haya tomado el tema de manera “personal”, sino porque creo que siendo esa institución un cuerpo tan importante para nuestra sociedad, debemos de empezar a pensar de manera estratégica sobre la misma.
Esta semana que acaba de terminar fue dura para la institución, en particular para su jefa, y hoy es un día crucial. Depende de cómo se comporte, la Policía que va a demostrar su independencia y profesionalismo o su sometimiento al régimen.
Pero quiero evitar el vicio que tenemos los nicaragüenses de quedarnos en el cortoplacismo. Algunas personas me comentaron durante la semana la “dureza” de nuestra cobertura sobre la actitud de la Policía ante los agitadores del Gobierno. Para algunos, muchos en esta Policía, con Granera a la cabeza, están librando una dura lucha para mantener el profesionalismo.
“Si no estuviera Aminta, Ortega habría nombrado un orteguista como Primer Comisionado y todo estaría perdido, al menos por los próximos años”, me dicen algunos críticos de nuestra cobertura. Y estoy seguro de que eso es cierto.
¿Pero entonces qué? El período de Granera al frente de la Policía tiene fecha de vencimiento: el 5 de septiembre del 2011. Ese día, si las cosas siguen como están, Ortega nombrará a un jefe policial que será totalmente leal a él. No a la Constitución ni a las leyes, sino a Ortega y a su esposa. A eso yo le llamo una agonía prolongada, nada más.
Si los nicaragüenses tuviéramos un pensamiento más estratégico y menos miope estaríamos ya pensando en la manera de evitar que el dictador pueda acabar con los últimos vestigios de profesionalismo en la Fuerza Pública.
Actualmente, de acuerdo con la ley que se aprobó en los años noventa, el Presidente hace y deshace. En efecto, la Policía —lo establece la Ley— está sometida al poder civil.
Y eso estuvo bueno mientras tuvimos presidentes que mal que bien se sometían a las leyes también, pero ahora tenemos a un señor que cree que él y lo que amanece pensando cualquier día de la semana son la Ley en este país. Así no hay institucionalidad que valga.
Este problema estaba claro desde que Ortega tomó el poder. En los primeros meses del 2007 me atreví a sugerirle a uno que otro diputado opositor que había que buscar la manera de amarrarle un poco las manos a Ortega en lo que se refería a los cambios policiales.
La oposición, sin embargo, con su característica inercia, no hizo nada al respecto y más bien se dedicó a desintegrarse en sus luchas intestinas.
Pero aún hay tiempo. Para reformar la Ley de la Policía se necesitan 47 votos, que no están fuera del alcance de las bancadas opositoras. Sólo falta que vean más allá de sus narices y empiecen a trabajar en una reforma que permita una Policía profesional y a salvo de los vaivenes de la política.
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