Autoridades de Costa Rica y Nicaragua realizaron un taller binacional para determinar políticas que ambos países implementarán en la lucha contra los comerciantes depredadores de fauna silvestre, según informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Durante el taller se destacó la experiencia de Nicaragua al judicializar casos de maltrato y daño físico a los animales.
La procuradora ambiental nicaragüense, Carmen Soledad Rodríguez, explicó los logros obtenidos por Nicaragua en cuanto a dos procesos penales en contra de traficantes de animales en vías de extinción, “en los cuales se ha participado y obtenido como resultado dos condenas de culpabilidad a los responsables de aprovechamiento de recursos naturales y maltrato y daño físico a animales”, dijo.
Las autoridades costarricenses y nicaragüenses pretenden mejorar la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) y en el taller unificaron criterios entre ambos países para mejorar el control en relación con dicho convenio.
Por ejemplo, los funcionarios de cada país lograron conocer los documentos que deben acompañar la mercancía a exportar e importar, las especies que se encuentran en cada apéndice de la convención, así como aspectos prácticos derivados de la experiencia de cada país en cuanto a la implementación del convenio CITES.
A cada país le correspondió presentar la legislación nacional aplicable a CITES, los trabajos que han realizado para mejorar la aplicación de dicho convenio y cumplir con el compromiso como país parte de dicha convención.
“Ésta es una excelente oportunidad para establecer mejores coordinaciones entre ambos países en la aplicación del convenio, que sirva para frenar cualquier comercio de especies de flora y fauna en la frontera sur”, expresó la procuradora nicaragüense Rodríguez.
Asimismo adelantó que para el próximo año se trabajará en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) de Nicaragua y otras instituciones involucradas en la elaboración de un plan para golpear de forma más severa a los traficantes de especies de fauna silvestre.
En la capacitación se contó con la participación de funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA), Ministerio Público, Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), la PGR, Marena de Nicaragua, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Dirección de Aduanas de Costa Rica, Fiscalía y asesores legales del Ministerio de Ambiente de Energía y Telecomunicaciones (Minaet), de Costa Rica.
JUICIOS EN NICARAGUA
En octubre pasado, la juez Local Penal de Managua, Julia Mayorga, declaró culpable al ciudadano Roberto Carlos Téllez por el delito de aprovechamiento ilegal de recursos naturales, daños físico y maltrato a animales; delitos por los que fue acusado por la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público.
La acusación indicó que Téllez transportaba en la cabina de su vehículo de manera oculta en un canasto, 30 chocoyos, que forman parte de las especies de la fauna nicaragüense en peligro de extinción, actividad ilícita que realizaba el acusado sin autorización del Marena. Las especies estaban bajo efecto sedantes para que no hicieran ruido y no fuesen detectadas, por lo que fallecieron.
La Policía encontró a Téllez también una lora nuca amarilla, dos chocoyos zapoyoles, un tucán pico iris y dos piches canelo, los que tenía sin autorización de la entidad correspondiente.
En otro caso, en agosto la juez Sexto Local Penal de Managua, Ivette Pineda, declaró culpable a Verónica de los Ángeles Gutiérrez, acusada porque Marena le encontró en su casa de habitación, en el barrio Lomas de Guadalupe, especímenes como lapas rojas, chocoyos y cotorras, loras, mono cara blanca, mono araña y otros, los que estaban siendo ocultados y maltratados.
En el caso también estaba acusada Ivania de los Ángeles López Ocampo, quien firmó un acuerdo para resarcir el daño causado.
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