En Colombia a finales de los años cincuenta se acordó un pacto de alternancia en el poder, entre dos fuerzas políticas predominantes, liberales y conservadores, el cual consistía en que el que ganaba, no lo ganaba todo y el que perdía, no lo perdía todo.
Alemán y Ortega, a sugerencia de René Herrera, tomaron como ejemplo dicho plan y en el año 1999 editaron un pacto político buscando cómo desplazar a las demás fuerzas, tratando de convertir la pluralidad política en un sistema bipartidista. En esa línea se gestó un reacomodo sin precedentes de todos los cargos en los distintos poderes del Estado, donde una de las partes estaba perdiendo presencia fue revitalizada por el capricho del líder máximo, a quien no le importó entregar la mitad de los puestos a elegir a cambio de recibir la gobernabilidad deseada por él, aunque lo que buscaba era impunidad a sus actos de corrupción.
Así transcurrieron diez años desde que se acordó dicha “alternabilidad” en el poder y el pacto en vez de debilitarse se fortaleció y ha venido pudriendo la institucionalidad de la nación, el descaro más grande sucedió en 2005, cuando se pretendió llevarlo a un nivel superior repartiéndose por cuotas los ministerios de Estado.
Consecuentemente hemos observado declaraciones de uno de los pactistas quejándose del no cumplimiento de los acuerdos. A manera de ejemplo vemos el caso del presidente de la Corte Suprema Justicia, quien reconoce que en dicha Corte lo que existen son bancadas partidarias y en una entrevista en un canal de televisión dijo que el FSLN era el que mandaba. Lo que existe es un estilo de la piratería abordándose la repartición de justicia, como botín de guerra, como muestra recuerdo las dos sentencias ratificadas por la totalidad de sus miembros, los que sin recato alguno han dictado sentencias acordes a los deseos de sus amos. Sin importarles que con ello vulneran aún más nuestro ya viciado sistema judicial.
Lo mismo sucede en el CSE, como hemos observado el pacto de alternancia en el poder no resultó como lo esperaban. Tal es el caso de los magistrados del CSE que han llegado incluso a renegar del partido político por el cual fueron electos, llegando a confabularse para permitir el mayor fraude electoral documentado de la historia.
No sabemos qué estará pensando el PLC del pacto de alternancia en el poder. ¿Pensaría acaso que Ortega le cumpliría? Si nos atenemos a la realidad veremos que no les permite siquiera el uso de una rotonda, aunque sea por un ratito. Sólo un iluso pensaría todavía que Ortega les entregaría el poder o ¿qué quitará a Roberto Rivas?
La verdadera alternativa es no elegir a ningún magistrado al CSE y que no hayan elecciones en noviembre del 2011. En caso de no haber elecciones, ni Presidente electo al 10 de enero del 2012, la Ley Electoral en su Arto 170 indica que cuando las elecciones sean nulas (no existen), y no exista presidente electo, la asamblea antes de expirar su período y disolverse fijará la fecha de las nuevas elecciones y en su caso elegirá a un Presidente de la República provisional, quien tomará posesión el día que le correspondiera asumir a un Presidente electo por un voto popular.
De esta forma las elecciones se realizarían sin tener a Ortega como jefe supremo del Ejército, ni jefe de la Policía y con un CSE más equilibrado. Quien pretenda elegir a magistrados del Consejo Supremo Electoral aduciendo caos será responsable del fraude y el derramamiento de sangre que éstos ocasionen por unos dólares más.
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