La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) comenzará a aplicar un nuevo cobro tarifario en los departamentos, el cual estará definido en el rango de tarifa residencial para las urbanizaciones.
Este cobro recién fue aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA).
María Marvis Jirón, directora de Asesoría Legal de Enacal, confirmó ayer que el cobro fue solicitado por Enacal, para lograr que gran parte de las urbanizaciones, que se han venido formando en diferentes departamentos, paguen por el servicio de agua.
Jirón no especificó para cuándo la empresa aguadora estaría aplicando el cobro, pero destacó que los usuarios afectados habitan en Carazo, León, Masaya, Juigalpa y Granada.
“En todas estas zonas se fueron creando residenciales y urbanizaciones, donde se consume agua y no se cobraba nada. Ahora Enacal ya tiene las facultades para aplicar estos cobros y así recuperar parte de la cartera y disminuir pérdidas”, especificó.
REGLAMENTARÁN MULTAS
Jirón señaló que Enacal busca con su propuesta hacer cambios en el Reglamento de Servicios al Usuario, establecer una reforma del mismo para reglamentar una serie de multas y sanciones, que serán aplicadas a los usuarios y empresas privadas que realicen mal uso del agua y estén promoviendo contaminación del recurso.
“Con la reforma tendremos normas más claras, que serán aplicadas a usuarios y empresas que contaminen y realicen derroche del recurso. La idea es establecer protección, tanto de los recursos hídricos como para los usuarios mismos”, indicó.
NUEVAS NORMAS
Entre las nuevas normas establecidas en la propuesta del nuevo Reglamente de Servicios al Usuario, está la facultad de retirar los medidores al detectar algún fraude, multar por destrucción de medidores, acusaciones penales por sustracción ilegal de agua, por derroche en los hogares y por no adquirir solvencias cuando se adquiere una propiedad.
DERECHOS
Jirón explicó que el nuevo reglamento abriría también nuevos derechos a los usuarios, entre los que destacan una política de tratamiento a las fugas de agua, derecho del usuario a realizar la prueba volumétrica al medidor, revisión de tarifas, apelación por multas y sanciones, suspender cortes cuando haya reclamos por cobros interpuestos únicamente en la oficina de derechos del consumidor, instalada en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
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