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La preocupación europea en Nicaragua

La representación diplomática de la Unión Europea en Nicaragua entregó al gobierno de Daniel Ortega, el lunes pasado, una nota de preocupación “por la forma en que seis magistrados sandinistas integraron la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) para despejar a Ortega su camino a la reelección, prohibida en el artículo 147 de la Constitución Política”.

Al día siguiente, el embajador Mendel Goldstein, jefe de la delegación de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá, dijo que la “nota de preocupación” es porque a los europeos no les gusta cómo se dictó la resolución judicial para anular el artículo 147 de la Constitución que prohíbe expresamente una nueva reelección presidencial de Daniel Ortega. E informó el embajador Goldstein, quien es de nacionalidad alemana, que el 9 ó 10 de diciembre próximo la Mesa Global de los gobiernos de Europa cooperantes con Nicaragua se reunirá con las autoridades nicaragüenses para hablar sobre la situación y perspectivas de los programas europeos de la cooperación europea con el país.

Esta posición de los gobiernos Europa es la misma que expresó el eurodiputado holandés y presidente de la Internacional Liberal, Johannes van Baalen, durante su reciente visita a Nicaragua, cuando respondió a los insultos contra su país por parte de un Vicecanciller orteguista y fue “invitado” a abandonar Nicaragua acusado de “injerencista”, porque criticó la resolución de seis magistrados del FSLN para reformar de hecho la Constitución a fin de permitir la nueva reelección de Daniel Ortega. En esa oportunidad, el eurodiputado holandés rechazó la acusación de “injerencista” que le hiciera el gobierno orteguista, aclarando que “hablar de democracia, derechos humanos y civiles no es un asunto interno, es (de interés) internacional y eso lo sabemos desde que cayó el Muro de Berlín”.

En realidad, aunque Daniel Ortega no necesitara la cooperación externa y pudiera darse el lujo de rechazarla, como hacen algunos dictadores de países que tienen valiosos y cuantiosos recursos naturales, de todas maneras tendría que escuchar la condena internacional por las violaciones a los derechos humanos y la gobernabilidad democrática, porque estos son valores universales consagrados en todos los tratados y declaraciones internacionales sobre Derechos Humanos, libertad, justicia y democracia.

Es cierto que, en la práctica, algunos gobernantes autoritarios y dictatoriales son más presionados que otros internacionalmente, por la violación de los derechos humanos y los atropellos a la libertad y la democracia. Por ejemplo, por las conveniencias económicas, geopolíticas y diplomáticas de Estados Unidos y Europa, el lenguaje que usan con China comunista en relación con la falta de libertad y democracia en esa gran potencia asiática, es mucho menos directo y bastante ambiguo. Pero es muy diferente el caso de Nicaragua, un país pequeñito y muy pobre que tiene más necesidad de ayuda externa que recursos para valerse por sus propios medios.

Daniel Ortega sabe, que por mucho que en sus discursos hable contra “el imperio” y “los viejos colonialistas” —como le gusta llamar a Estados Unidos y Europa—, necesita de manera apremiante su cooperación material y financiera. La ayuda que Hugo Chávez le da a Ortega es bastante, en términos relativos, pero insuficiente para cubrir las grandes y crecientes necesidades de Nicaragua, y sobre todo el hambre insaciable de enriquecimiento que padecen los actuales gobernantes. Además, la ayuda de Chávez no puede ser indefinida, ni se podrá mantener por mucho tiempo en la misma cuantía que hasta ahora.

De manera que si bien es cierto que la defensa de la libertad y la recuperación de la república democrática le compete a los mismos nicaragüenses, sin embargo los gobiernos democráticos de los países cooperantes pueden ayudar mucho a Nicaragua manteniendo con firmeza el principio de que los derechos humanos, la libertad y la democracia son valores universales, los cuales no se pueden violar impunemente en nombre de la autodeterminación nacional. Los gobiernos democráticos de los países cooperantes deben de entender, que ayudar a un gobierno violador de los derechos humanos es hacerse cómplice de sus violaciones.

Si Daniel Ortega quiere seguir recibiendo cooperación de los países democráticos, debería revertir el gigantesco fraude electoral del año pasado, y dar garantías reales de que en 2011 habrá elecciones libres, limpias y ampliamente observadas, con un nuevo organismo electoral del Estado integrado por personas honestas, confiables y creíbles. Eso es lo menos que se le puede exigir al gobierno de Daniel Ortega.

Editorial Opinión CSJ UE archivo
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