TEGUCIGALPA/ ACAN-EFE
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- El ex presidente de El Salvador, Armando Calderón, fue uno de los primeros invitados extranjeros en llegar ayer a Honduras para actuar como observador en las elecciones generales del próximo domingo, que no serán supervisadas por organismos internacionales.
“La observación es de gente que conoce la problemática (de Honduras), que vienen invitados de los tribunales electorales de otros países”, indicó, y agregó que en su opinión no se necesitan observadores de la OEA o de Naciones Unidas.
“Al contrario, creo que ellos son los burócratas empleados de la OEA y empleados de Naciones Unidas. Yo doy mucho más valor a gente que son políticos, que conocen sus leyes electorales”, añadió.
La OEA decidió no enviar observadores al considerar que las elecciones se van a desarrollar en medio de una situación de ruptura del orden constitucional por el Golpe de Estado, el pasado 28 de junio, contra Manuel Zelaya, quien se encuentra desde hace dos meses en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.
Calderón era uno de los ex presidentes que se esperaban para asistir a los comicios, al igual que los ex presidentes Vicente Fox, de México, y Jorge Quiroga, de Bolivia, según el Partido Nacional, principal fuerza de la oposición.
El ex gobernante salvadoreño, uno de los algo más de una treintena de invitados que llegaron ayer a Honduras, dijo a periodistas que espera que “las elecciones del domingo sean una fiesta cívica”.
“Estamos acompañando al pueblo hondureño y esperamos que pueda resolver con tranquilidad la situación política que vive. Debemos de dar testimonio en beneficio de un pueblo que se quiere expresar en las urnas, espero que el pueblo acuda masivamente a las urnas”, agregó.
El político salvadoreño enfatizó que “el pueblo hondureño está defendiendo su libertad y su democracia” y que “hay que respetar la voluntad del pueblo hondureño”.
Uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Enrique Ortez, reiteró a periodistas que más de 300 observadores extranjeros llegarán al país, entre los que hay también asociaciones profesionales y personal del Instituto Nacional Demócrata (NDI) y del Instituto Internacional Republicano (IRI) de Estados Unidos.
[/doap_box][doap_box title=”¡Ska para bailar!” box_color=”#336699″ class=”aside-box”][/doap_box]
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ratificó que el depuesto presidente Manuel Zelaya no puede ser restituido si no se somete a los juicios que tiene pendientes, en un informe que entregó ayer al Congreso.
En la opinión entregada al Parlamento, que el 2 de diciembre próximo debatirá si se restituye o no a Zelaya, la CSJ ratifica el criterio que emitió el 21 de agosto pasado en el proceso de consultas del Acuerdo de San José propuesto por el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ante la crisis de Honduras.
Una fuente de la CSJ explicó a Acan-Efe que la opinión que se envió al Parlamento fue aprobada anoche por 14 de los 15 magistrados, pero no precisó quién votó en contra ni el porqué.
El presidente de la Corte, Jorge Rivera, declaró a periodistas que la Corte “no profundiza ni toca el fondo” de la cuestión de la restitución o no de Zelaya, porque tiene causas pendientes contra él, pero sí aporta “los elementos para que se pueda tomar la decisión”.
Afirmó que el informe se basó “en todos los hechos que se dieron anteriores al 28 de junio (cuando Zelaya fue derrocado) y lo que se ha venido suscitando con posterioridad”.
Reafirmó que Zelaya debe someterse a la justicia, aunque aseguró que la CSJ no se pronunció en su informe sobre si debe ser restituido o no.
Rivera entregó el documento en la Secretaría del Congreso junto a una comisión de magistrados, sin detallar su contenido porque, dijo, primero deben conocerlo los diputados.
CONGRESO TIENE TODOS LOS INFORMES
Con la opinión de la CSJ, el Congreso Nacional cuenta ya con los cuatro informes que solicitó a órganos del Estado para fundamentar su debate, aunque ha aclarado que estos informes no son vinculantes y que la decisión sobre Zelaya sólo dependerá de los diputados.
Ya habían entregado sus opiniones el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.
La Corte Suprema indicó en agosto, en relación con el regreso de Zelaya al poder, que “existen acciones penales presentadas (contra él) por la Fiscalía General de la República”.
Por ello, dijo entonces, “mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal”.
Zelaya tiene orden de captura por delitos de los que se le acusa en relación con una consulta popular que pretendía celebrar para promover una Asamblea Constituyente, el 28 de junio, cuando los militares lo arrestaron y lo expulsaron del país, y el Parlamento designó a Roberto Micheletti en su lugar.
Según el régimen de facto, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de un mandato judicial derivado del proceso incoado por el Ministerio Público contra él por promover la consulta, que había sido declarada ilegal por varios órganos del Estado.
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