Miembros de la cooperativa de transporte del Sur y Tipitapa denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) sancionaron el pasado 21 de noviembre a varios de sus agremiados, en algunos casos por haber trasladado a personas que participaron en la marcha de la sociedad civil que se desarrolló ese día y otros por haberse opuesto a trasladar a partidarios del partido de gobierno por no llegar a acuerdos con los aranceles establecidos.
Manuel Silva, en representación de los transportistas, aseguró que al menos 30 transportistas de esa cooperativa debieron paralizar operaciones ante el temor de que el delegado de transporte en Carazo, Franklin López, cumpliera las amenazas de retenerles los documentos. Silva aseguró que esto ocasionó daños de al menos 45 mil córdobas a la cooperativa y ahora pregunta quién les resarcirá los daños.
El mecanismo utilizado por el MTI fue retener documentos de tránsito y devolverlos en los puestos de control. Debido a que los transportistas temían una multa de mil 500 córdobas por trabajar ese día, decidieron obedecer la disposición.
“Simplemente por trasladar personas (…) que viajan de Masaya a Carazo y de Managua a La Concha, bajaron a la gente”, sostuvo Silva.
El líder gremial agregó que las unidades no trasladaban manifestantes, sino a personas trabajadoras que andaban buscando su sustento.
Silva dijo que en su caso no paró su unidad, por lo que le retuvieron sus documentos y la supuesta anomalía establecida fue “andar trabajando”.
Tras una denuncia ante el director general del Transporte, Guillermo Zapata, éste escribió al reverso de la citatoria: “No aplicar multa”.
“Como que yo había cometido un delito y le estaba suplicando que me exonerara del pago”, dijo Silva.
Álvaro Leiva, coordinador regional de la CPDH, calificó como “actos de represalia por el simple hecho de ejercer su trabajo como ciudadanos nicaragüenses”.
El subdirector de Transporte Terrestre, Jorge Corea, manifestó que el MTI no giró ninguna orientación a sus inspectores de aplicar multas o retenciones de permisos de operación de los transportistas que laboraron el 21 de noviembre. Corea aseguró que en todo caso, si hubo alguna aplicación incorrecta de la ley o normativa de transporte, no debe significar “mayor preocupación para los transportistas”.
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