Esa indagación es la respuesta oficial de las autoridades costarricenses a una investigación periodística del diario La Nación, que descubrió que familiares del embajador Harold Rivas Reyes se aprovecharon de los beneficios fiscales otorgados a la sede diplomática.
Así el magistrado y presidente del Consejo Supremo Electoral nicaragüense (CSE), Roberto Rivas Reyes, y su familia introdujeron a ese país tres vehículos de lujo sin pagar cerca de 100 mil dólares en impuestos.
La ministra de Hacienda tica, Jenny Phillips, informó que, sin embargo, no tomarán medidas hasta que concluyan las investigaciones.
“Todo depende del resultado de la investigación. Primero la Cancillería tiene que llamar a cuentas a quien le dio un estatus migratorio, para que se le cancele”, dijo Phillips.
Según la funcionaria, otra opción es hacerle un llamado a la Cancillería nicaragüense. Los vehículos introducidos valen más de 300 mil dólares.
Fueron introducidos en el país por gestión de la asistente del magistrado nicaragüense, Bertha de la Peña.
Están inscritos dos a nombre del embajador y un tercero es propiedad supuestamente del tercer secretario de la delegación nicaragüense en aquel país.
Sin embargo, La Nación demostró que el magistrado electoral y su familia conducen de modo alternado un Porsche 911, modelo 2008.
También tienen un Mercedes Benz S500, modelo 2009; y un BMW M3 de este mismo año.
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“Es la primera vez que conozco yo que nuestros embajadores tengan Mercedes, Porsche y BMW, aunque el último es del tercer secretario. Yo nunca he conocido que en el servicio exterior tuviéramos personas de tal cantidad de recursos que puedan tener estos vehículos”, reaccionó ayer el presidente de la Contraloría nicaragüense, Guillermo Argüello Poessy.
CGR NO AUTORIZÓ
Argüello Poessy confirmó que no autorizaron la compra de estos vehículos y que el Ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Santos López, únicamente solicitó la autorización para la compra de uno que fue enviado al consulado nicaragüense en Los Chiles.
El canciller Santos informó que el auto costó 25 mil dólares en una comunicación enviada a la CGR el 28 de abril de 2008.
Este vehículo y tres más enviados a otras misiones diplomáticas fueron pagados con fondos estatales.
LA PRENSA llamó anoche al vicecanciller Manuel Coronel Kautz, pero se rehusó a hablar.
“Disculpame, pero a LA PRENSA no le doy información, porque tergiversan todo lo que uno dice”, argumentó, y cortó la comunicación.
Coronel Kautz es el funcionario de Cancillería más polémico durante esta Administración. Una de sus últimas “metidas de pata” ocurrió hace poco cuando llamó a Holanda “paisucho”, indignado porque un diputado de aquel país criticó al mandatario Ortega.
PUEDEN DECOMISAR COCHES
Los autos de los Rivas podrían ser decomisados. De acuerdo a un decreto del Poder Ejecutivo costarricense de 1967, las autoridades pueden tomar esa decisión sin menoscabo de que se apliquen sanciones por la evasión del fisco.
Los implicados directos son el magistrado electoral, su esposa Ileana Delgado y el hijo de ambos, Roberto Miguel.
El magistrado electoral fue acusado en meses pasados de enriquecimiento ilícito en Nicaragua, luego que una investigación conjunta de LA PRENSA y La Nación demostró que poseía una mansión en Villarreal, una zona residencial donde el precio de las casas oscila entre 980 mil y tres millones de dólares.
El diputado costarricense Sergio Alfaro, del Partido Acción Ciudadana (PAC), sostuvo a la revista informativa Nicaragua Hoy , del vecino país, que el derecho de usar placas diplomáticas tiene sus limitantes.
Alfaro abogó por que todo se resuelva diplomáticamente. “Tiene que establecerse en el plano de la diplomacia, buscar primero el acuerdo entre los países. Suficientes problemas hemos tenido entre estos dos países”, añadió.
Sin embargo, el diputado lamentó los vínculos descubiertos entre el magistrado electoral y el presidente Daniel Ortega.
En su mansión, Rivas hospeda a dos hijos del mandatario nicaragüense, Laureano y Maurice, quienes estudian en la universidad costarricense Veritas.
“Es una lástima, da tristeza ver que los miembros de los organismos electorales tengan conexiones políticas directas y en el caso de lo que ha salido sobre el magistrado electoral de Nicaragua”, dijo Alfaro.
GARCÍA PRADO: ME DA ASCO
Gustavo García Prado, miembro de la Comisión Interamericana de Lucha contra la Corrupción, consideró que la denuncia del diario La Nación reconfirma lo que se ha venido revelando en meses anteriores en la prensa nicaragüense.
“Se confirma las denuncias sobre enriquecimiento ilícito y viene a reforzar cómo instituciones como la Contraloría y la Fiscalía están obstruyendo la investigación de estos delitos. Ellos deberían estar obligados a combatirlos e investigar estos actos. A mí me da asco, un asco tan grande, porque Nicaragua está obligada a respetar la convención”, se quejó vía telefónica García Prado.
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