Racimo de inculpados en caso de Acodep

El escándalo a lo interno de la antigua financiera Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep), la segunda más grande, dejó de ser un conflicto para convertirse en una acusación de la Fiscalía General de la República, en la que pasaron “llevando en el saco” a 18 empleados de todo rango, desde altos funcionarios hasta conductores y trabajadores del servicio doméstico.

El escándalo a lo interno de la antigua financiera Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep), la segunda más grande, dejó de ser un conflicto para convertirse en una acusación de la Fiscalía General de la República, en la que pasaron “llevando en el saco” a 18 empleados de todo rango, desde altos funcionarios hasta conductores y trabajadores del servicio doméstico.

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La acusación del Ministerio Público, a la que tuvo acceso LA PRENSA, absorbió a varios empleados de la financiera que laboraron por un par de meses y que luego fueron liquidados de acuerdo con lo que establecían sus contratos. La audiencia inicial del caso está prevista para mañana a las 11:00 a.m.

Los principales acusados son el ex presidente de la junta directiva de la financiera, Armando José García Campos, y su antigua gerente financiera, Iris Clementina Saavedra Juárez.

García Campos se encuentra detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

Ambos son acusados por los delitos de hurto agravado, administración fraudulenta, autorización de actos indebidos y gestión abusiva.

Los empleados que recibieron sus liquidaciones fueron incluidos en la acusación como cooperadores necesarios de los delitos mencionados. Éstos en su defensa alegan que los contratos son legales incluso aprobados por el Ministerio del Trabajo.

El fiscal Manuel Reyes indicó que la audiencia inicial del caso se realizará mañana jueves y que tienen las pruebas en contra de todos los acusados.

“Eso se verá ante el juez”, dijo, cuando se le señaló que los liquidados no tenían poder de decisión para definir el monto de sus liquidaciones.

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