Tomado del diario EL UNIVERSAL
Participar en una manifestación “pacífica y sin armas” es un derecho que la Constitución consagra en su artículo 68. Sin embargo, para más de dos mil venezolanos, según cifras de la organización Provea, hacerlo ha significado terminar en un tribunal.
Le abren un expediente al manifestante, en el mejor de los casos le someten a un régimen de presentación y en su hoja de vida queda esa mácula, ese antecedente que ya nadie podrá borrar: procesado.
Para que eso suceda, ni siquiera es necesario que la protesta en cuestión sea política, como se demuestra los casos de humildes trabajadores que participaron en una protesta laboral, camioneros que reclamaban un servicio público y estudiantes que repartían volantes en un partido de futbol.
Ronald Marcano vino a Caracas junto con 78 compañeros el 20 de abril para denunciar ante el Ministerio de Trabajo unos despidos injustificados y antes de que se venciera su contrato por parte de PDVSA (petrolera estatal) en Anaco. Ya el inspector de la zona les había dado la razón, y como habían transcurrido 55 días sin un pronunciamiento del Ministerio, se presentaron en su sede, en el piso 5 de una de las torres del Centro Simón Bolívar.
Hubo una reunión con funcionarios en la mañana y les dijeron que en la noche tendrían otra. Pero la respuesta fue que a las seis de la tarde más de cien policías los atacaron: “Nos cayeron a palos, ni les importó que hubiera niños. Dijeron que yo era uno de los líderes y me metieron preso por 28 días junto a cuatro compañeros”, dice Marcano.
Cada mes tienen que venir ahora a Caracas desde Anaco para presentarse en un tribunal y deben cargar con el estigma de ser un ex presidiario: “Sólo por eso ya nadie me da trabajo. Tuve mala suerte, me agarraron a mí como pudieron haberlo hecho con cualquier otro”.
Ronny Da Silva es dueño de una compañía de camiones y cuenta lo que le pasó a dos de sus empleados a finales de agosto: “Más de 30 camioneros se pusieron a protestar por un problema gravísimo de servicios: tras cerrar un botadero en Mariches, el Ministerio del Ambiente clausuró el último sitio en donde se podía botar escombros en toda Caracas. Los camiones cerraron el distribuidor metropolitano hasta que al lugar llegó un contingente de la Guardia Nacional, del destacamento 52 de la Regional 5. Los guardias tomaron varios camiones con la promesa de que en el comando se encontraría una solución al problema”.
“Una vez allí dijeron que todos estaban detenidos por violar el artículo 357 de la Ley Orgánica Procesal Penal, que castiga la obstrucción de vías principales. Hubo 17 detenidos, entre ellos dos de mis trabajadores. Les contraté un abogado, pasaron detenidos dos días y ahora están bajo régimen de presentación”.
El estudiante Alejandro Mejía (UCAB) y sus tres hermanos ni siquiera necesitaron estar presentes en ninguna protesta para que les abrieran un juicio. Simplemente se pusieron a repartir unos volantes en el partido entre Uruguay y México que se llevó a cabo en Caracas, en el marco de la Copa América. Decían: “El Ejército no es la fuerza y la fuerza no es Gobierno”.
Mejía cuenta que apenas tenían pocos minutos en su labor cuando unos funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) los interceptaron y se los llevaron detenidos, lo que le pareció a todas luces un abuso: “En vez de sacarnos del estadio, lo llevaron al plano legal y nos acusaron de incitar al odio”.
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150 trabajadores, según reportes de sindicatos, tienen abiertos expedientes en el Ministerio Público por ejercer sus derechos a la manifestación.
120 estudiantes fueron investigados penalmente por la Fiscalía en 2007 por participar en las protestas tras la salida del aire de la televisora RCTV.
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Caracas, Venezuela
Organizaciones internacionales alertaron sobre un “proceso de deterioro institucional” en Venezuela, en un documento en que analizan el Gobierno del presidente de la República, Hugo Chávez.
En la investigación titulada Una década de revolución chavista , llevada a cabo, entre otras organizaciones, por los institutos Independent y Cato, de Estados Unidos; Internacional Liberal, de Cuba y Cedice Libertad, de Venezuela, se destaca que la gestión del primer mandatario venezolano contraría abiertamente valores democráticos.
“Chávez defiende la legitimidad de su gobierno invocando sus orígenes democráticos, pero ha convertido a su país en un Estado que vive una democracia plebiscitaria, pero no como ampliación de la democracia republicana, sino como algo que se le opone”, señala el documento y añade que “Venezuela atenta contra la democracia, transformándose en un gobierno ilegítimo”.
CULTO A LA PERSONALIDAD
El informe recuerda algunos de los derechos consagrados en la Constitución, la cual establece que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de justicia, organizado en forma federal con fundamento en el principio de la descentralización.
Resaltan, entre los principios económicos que acoge la Carta Magna, la libertad económica y el derecho a la propiedad. “La expropiación sólo procede por causa de utilidad pública y social, mediante sentencia firme y mediando el justo pago de indemnización”, explica.
No obstante, la investigación concluye que “estos principios han sido consistentemente vulnerados por el Ejecutivo, con la anuencia y el respaldo de los restantes poderes públicos”.
Sostiene que “la centralización del poder y el culto a la personalidad del presidente Chávez, han ido en detrimento de los poderes locales y que el resultado inevitable es la polarización política de un país, donde la violencia y la retórica radical se incrementaron”.
Citando un informe de la organización Crisis Group, del año 2007, la investigación indica que “el poder cada vez mayor de Chávez también se refleja en la tendencia hacia el debilitamiento del gobierno regional, la concentración de la información sobre las actividades gubernamentales y el nombramiento de militares, en servicio activo o retirados, en cargos civiles clave”.
Agrega que “en este esquema ha colocado a la nueva Reserva Nacional, la Guardia Territorial y los grupos armados no oficiales bajo su mando exclusivo, al mismo tiempo que ha establecido estructuras militares paralelas que eventualmente se podrían utilizar para intimidar a los opositores”.
Para las organizaciones firmantes, en Venezuela, “si bien hay libertades que siguen existiendo, y las elecciones se siguen manteniendo, el sistema de frenos y contrapesos se ha convertido en inoperante. El Gobierno no negocia con fuerzas de oposición, el Estado insiste en socavar la autonomía de la sociedad civil y la ley se invoca en su mayoría para sancionar a los opositores y no para limitar el Gobierno”.
MAL USO DE MEDIOS ESTATALES
El documento, de 29 páginas, también hace referencia a la situación de inseguridad personal presente en el país, que considera consecuencia del deterioro institucional. “Las cifras de las víctimas de la delincuencia organizada superan la centena cada fin de semana, siendo los sectores más pobres los más afectados”, indica.
Sobre el tema de libertad de expresión e información, se asegura que en Venezuela “con la vaga excusa de ‘defender la paz social’, se restringe la libertad de expresión y se censura”.
“Chávez utiliza arbitrariamente los medios de comunicación estatales y se encuentra en continuo conflicto con los medios privados. Bajo el argumento de que los medios se comportan como un partido político, y que manipulan la información en función de sus intereses, ha desarrollado una relación de confrontación con ellos”, señalan las organizaciones.
El informe recuerda que la democracia requiere del ejercicio democrático, que supone respeto a las minorías y concluye que “si continúa acentuándose el deterioro económico, social e institucional, como consecuencia directa de las políticas empleadas por el gobierno chavista y si la tendencia a la autocracia prevalece, el futuro se perfila cada vez más incierto”.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A
