El Consejo de Contralores violó el derecho al acceso a la información pública e incumplió sus deberes cuando el mes pasado se reservó la publicación de la declaración de probidad del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, según dos abogados del grupo de seguimiento a la Convención Interamericana Anticorrupción.
Los abogados Gustavo García Prado y Lulio Marenco consideran que el Consejo de Contralores violó la Ley de Acceso a la Información Pública y el Artículo 433 del Código Penal, que establece que “la autoridad, funcionario o empleado público que sin causa justificada omita, rehúse o retarde algún acto debido propio de su función, en perjuicio de cualquier persona, será sancionado con pena de seis meses a un año de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público por el mismo período”.
Por eso, ambos presentarán hoy a las 9:30 de la mañana en los Juzgados de Managua una acción prejudicial de exhibición de documentos, para ordenar a los contralores a que revelen la declaración de probidad de Rivas.
La declaración fue solicitada por García Prado en febrero y meses después por periodistas del Diario LA PRENSA. Sin embargo, el Consejo de Contralores resolvió no publicar la misma el 18 de noviembre pasado.
También en febrero García Prado denunció a Rivas por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude, peculado, malversación de caudales públicos y defraudación aduanera ante la Fiscalía, pero ésta archivó la denuncia dos meses después.
LA PRENSA reveló meses atrás que Rivas posee una mansión en una lujosa zona de San José, Costa Rica, donde el costo de la propiedad oscila entre 980 mil y tres millones de dólares, a pesar de que su salario mensual de cinco mil dólares, menos deducciones, no le bastaría para adquirir una propiedad de esa categoría.
Sin embargo, la declaración de Rivas se cuida con celo. A mediados del año se supo que su declaración no estaba en los archivos de la Contraloría. Rivas entregó una supuesta copia, pero ése es el documento que los contralores no revelan.
García Prado sostuvo que ellos insistirán en la demanda de la declaración, porque él sospecha que una fortuna como la que se atribuye a Rivas sólo puede tener origen en el lavado de dinero “o al menos que Rivas sea testaferro de Daniel Ortega”.
Marenco aseguró que si los contralores no responden a la acción prejudicial continuarán con una denuncia por ocultar información pública.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A