“Derechos y humanos”

Los gobiernos reaccionan a la defensiva cuando se les acusa de violar o tolerar las violaciones a los derechos humanos, empleando el cinismo y el sarcasmo como sus mejores armas para desacreditar a los interlocutores.

Los gobiernos reaccionan a la defensiva cuando se les acusa de violar o tolerar las violaciones a los derechos humanos, empleando el cinismo y el sarcasmo como sus mejores armas para desacreditar a los interlocutores.

Maestro de esta modalidad fue el dictador argentino Jorge Videla, quien en los años 70 acuñó el slogan “los argentinos somos derechos y humanos”, buscando neutralizar denuncias sobre torturas y desapariciones de la dictadura militar que, socarronamente, atribuía a una “campaña antiargentina”.

La conducta Videla sobrepasa épocas e ideologías. Los militares centroamericanos niegan todavía las miles de ejecuciones extrajudiciales durante décadas pasadas, así como los del Cono Sur reniegan que haya existido una Operación Cóndor como una forma de erradicación ideológica.

Hoy, Cuba y Venezuela, con presos políticos por doquier y atropello constante a sus disidentes, ni siquiera permiten la entrada de veedores internacionales para investigar violaciones; mientras Colombia acepta a regañadientes el escándalo de los “falsos positivos”, permitiendo a militares dibujar éxitos y conseguir ascensos al disfrazar y contabilizar víctimas civiles como guerrilleros.

Por su naturaleza, las fuerzas de seguridad suelen involucrarse en abusos y arbitrariedades. Esta semana, en informes que coincidieron con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) denunciaron que en México y Brasil, respectivamente, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha degenerado en serias violaciones cometidas por militares y policías.

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  • El dictador argentino Jorge Videla acuñó el slogan “los argentinos somos derechos y humanos”, buscando neutralizar denuncias sobre torturas y desapariciones de la dictadura militar.

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Por supuesto que los gobiernos descartaron las denuncias. Con sorna, el presidente Felipe Calderón calificó de “voces ingenuas” al informe de AI, diciendo que la criminalidad no desaparecerá por “arte de magia”, convencido que los 50 mil soldados desplegados es respuesta adecuada al narcotráfico. Sin embargo, AI no descalificó a los militares, sino que resaltó sus violaciones, a las que tildó de “escandalosas” y cada vez más “frecuentes”, basándose en cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que desde 2008 recibió dos mil quejas contra militares, de las cuales el ejército investigó 110, acusando sólo a seis de sus miembros.

Es posible que el ejército sea la única solución para temas de seguridad, ante una policía demasiado vulnerable a la corrupción y al narcotráfico, pero ello no justifica abusos o que la fuerza de 6,500 soldados destacados en las violentas Ciudad Juárez y Tijuana, ofrezca poca protección como denuncian sus pobladores, sino mayores atropellos e injusticias.

Los críticos aducen que los militares son proclives al uso desproporcionado de la fuerza y prefieren a los policías, cuya vocación se enfoca en la prevención. Pero no es así en muchas ciudades latinoamericanas, donde la policía está desacreditada y sospechada de ser foco de inseguridad.

El informe de HRW sobre Brasil es espeluznante. Demuestra que cada año las policías de Río y San Pablo cometen más de mil ejecuciones extrajudiciales —sus propios “falsos positivos”— y estas víctimas son contabilizadas como parte de enfrentamientos o por resistencia al arresto. Estadísticas oficiales muestran que la policía de Río asesina a una persona cada 23 arrestos, la de San Pablo a una cada 348; cifras incontrastables con las de EE.UU., donde se registra una muerte cada 37,000 detenciones.

Los escuadrones de la muerte pululan donde la justicia no logra revertir la impunidad. En Venezuela se calcula que existen en varios estados y que son responsables de las 7,000 ejecuciones entre los años 2000 y 2007, un 20 por ciento de los cuales, según el ministro del Interior, Tarel El Aissami, son responsabilidad de policías. Esto ha justificado la decisión del presidente Hugo Chávez de crear una fuerza revolucionaria que, por sus fines ideológicos, seguramente pronto entrará en un espiral de abusos.

El panorama es aún más desalentador cuando el propio Estado es el que genera miedo entre la población que prefiere callar sus denuncias para evitar represalias, como reclaman brasileños y mexicanos.

La cultura laxa y defensiva de los gobiernos, y su vocación perpetua a desoír las denuncias, ha permitido que la gente pierda confianza en las instituciones. Hasta que no se perciba que los gobiernos están dispuestos a combatir el propio terrorismo de Estado, ningún eslogan, por más llamativo que sea, convencerá a nadie de que somos “derechos y humanos”.



El autor es periodista argentino, director de prensa de la SIP

Info@ricardotrotti.com

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