Los intentos por conocer cuánto es y cuál es el origen de la fortuna que se le atribuye al magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, no cesan.
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Ayer lo hizo la Asociación de Abogados Democráticos de Nicaragua ante el Ministerio Público, donde denunció al Consejo de Contralores por considerar que éstos incumplen su deber y obstaculizan el acceso a la información pública, al no revelar la declaración de probidad de Rivas, solicitada por diferentes personas desde febrero de este año.
La denuncia fue presentada por los abogados Gustavo García Prado, Lulio Marenco, David Antonio Castillo y Helga Asher, y fue recibida por la fiscal departamental María del Carmen Solórzano.
La abogada Helga Asher dijo a la fiscal Solórzano que la denuncia contiene de manera implícita que el Consejo de Contralores está encubriendo algún tipo de delito, “como el de enriquecimiento ilícito” al no revelar la declaración de probidad de Rivas.
“¿Para qué tener tan guardada esa declaración de probidad si es un funcionario público? Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo ha crecido el patrimonio personal de un funcionario público. Por eso venimos al Ministerio Público para que ustedes como institución seria velen porque se respete el derecho al acceso a la información pública”, dijo Asher a Solórzano.
García también reclamó la protección a la declaración de Rivas, cuando en otros casos los contralores han entregado copia oficiosa de alguna, como aseguró que ocurrió con el ex candidato presidencial Eduardo Montealegre.
La Fiscalía tiene un plazo de veinte días para responder sobre el mérito de la denuncia.
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