Las ONG amigas de las FARC

En momentos en que el Gobierno de Estados Unidos se prepara para enviar a 30,000 soldados adicionales a Afganistán en una misión que incluirá defender a la población civil en una narcoeconomía, la experiencia de Colombia con el narcotráfico y el terrorismo podría resultar útil.

El testimonio del ex segundo al mando del quinto frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que opera en la región bananera de Urabá, también un centro del narcotráfico, podría servir como la primera lección.

El ex comandante guerrillero Daniel Sierra Martínez, alias “Samir”, se entregó a las autoridades colombianas en diciembre de 2008 en respuesta a una oferta de reconciliación nacional del presidente Álvaro Uribe. A cambio de una reducción de pena, tuvo que dar información sobre lo que hizo durante las dos décadas que perteneció a las FARC.

La semana pasada, las autoridades colombianas accedieron a permitir que se sentara conmigo y me hablara sobre su experiencia como guerrillero.

“Samir” me dio mucha información sobre el negocio de cocaína de las FARC y su explotación de la población civil en zonas designadas por “organizaciones no gubernamentales” como “comunidades de paz”. También me dijo que los supuestos pacifistas que dirigen la ONG local eran sus aliados y una herramienta importante de las FARC en su esfuerzo por desacreditar al Ejército.

En un discurso, en septiembre de 2003, el presidente Uribe expresó su temor ante la posibilidad de que algunos grupos de “derechos humanos” fueran fachadas para los terroristas. La izquierda internacional, incluyendo al senador estadounidense Chris Dodd, un demócrata que representa al Estado de Connecticut, atacó al Presidente colombiano por hacer esas declaraciones. Pero los comentarios de Uribe estaban respaldados por información recaudada por los servicios de inteligencia de Colombia. Ahora, el testimonio de “Samir” y de muchos otros, que han salido de la selva, da a la aseveración de Uribe más peso.

El territorio del quinto frente incluye un pueblo llamado San José de Apartadó, que fue designado como una comunidad de paz a mediados de los años noventa, siguiendo un plan propuesto por la Diócesis católica. La idea era crear un lugar donde la población civil pudiera vivir sin miedo de los paramilitares o la guerrilla. Como reporté, en noviembre de 2003, “la administración de esta propuesta, que prometió el pleno desarmamiento de todas las partes residentes en la ‘comunidad de paz’, fue puesta en manos de un grupo compuesto por personas de distintas congregaciones religiosas llamado Justicia y Paz”, una ONG colombiana. Justicia tiene el respaldo de Amnistía Internacional y las Brigadas Internacionales de Paz.

Pero la comunidad de paz de San José de Apartadó, según “Samir”, distaba mucho de ser neutral. En cambio, dice, las FARC tenían una relación cercana con sus líderes desde sus inicios.

“Samir” dice que la comunidad de paz era un refugio para los rebeldes heridos y enfermos de las FARC y para almacenar suministros médicos. También dice que proveedores del grupo armado se reunían con guerrilleros en el pueblo, donde siempre había también cinco o seis miembros de las Brigadas Internacionales de Paz.

Según “Samir”, la comunidad de paz ayudó a las FARC en su esfuerzo por tildar al Ejército colombiano como un violador de los derechos humanos. Cuando la comunidad se alistaba a acusar a alguien de una violación a los derechos humanos, “Samir” organizaba a los “testigos” ordenando a miembros de las FARC que posaban de civiles para que dieran su testimonio.

Edward Lancheros, un miembro del consejo de la comunidad de paz y sus asociados (que incluyen un sacerdote jesuita llamado Javier Giraldo y a Gloria Cuartas, la alcaldesa de izquierda de la municipalidad que incluye a San José de Apartadó), insistieron que la “paz” requería que el Ejército se mantuviera alejado de esa zona. Pero los paramilitares no estaban dispuestos a acatar dicha convención. Cuando hubo enfrentamientos entre las FARC y los “paras”, dice “Samir”, la comunidad de paz jugó un papel determinante en darle forma a la historia para fomentar que el público culpara al Gobierno.

Un incidente de este tipo ocurrió en el año 2000, cuando los “paras” detuvieron a una ambulancia que transportaba a una guerrillera enferma y le dispararon. “Samir” dice que la comunidad de paz dijo que ella era un miembro de su grupo y alegó que el Ejército la mató. La comunidad también ayudó a ocultar la presencia de las FARC en la zona. En 2005, dijo “Samir”, un guerrillero de las FARC llamado “Alejandro” fue asesinado por “paras”. La comunidad de paz insistió en que era un civil que hacía parte de su grupo.

“Samir” dice que no estuvo de acuerdo con la decisión de las FARC de involucrarse en el narcotráfico y de trabajar con paramilitares que transportan droga. También objetó la explotación de la población local por parte del grupo guerrillero. Cansado de todo ello, lideró un intento por poner coto a los abusos de las FARC y, en 2008, más de dos docenas de zonas declararon su independencia de la comunidad de paz. “Samir” fue entonces acusado de ser un infiltrado del Ejército y el secretariado de las FARC ordenó que fuera sometido a un consejo de guerra. “Samir” decidió entonces entregarse.

Evidentemente, sus adversarios le acusan de inventarse todo esto para congraciarse con el Gobierno. Pero lo que no puede negarse es que mientras las FARC han sido desacreditadas por el grueso de la población rural, es el Ejército de Colombia, no la así llamada comunidad de paz, la que ha pacificado Urabá y dado nueva vida a sus habitantes.

La autora es periodista estadounidense. Artículo publicado en The Wall Street Journal. Bogotá, Colombia.

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