El actual presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, podría enfrentar una denuncia en Costa Rica por enriquecimiento ilícito, peculado y malversación de fondos de parte de la Asociación de Abogados Democráticos de Nicaragua.
Lulio Marenco, miembro del colectivo de expertos legales, dio a conocer ayer que a más tardar en enero podrían introducir la denuncia en Costa Rica, en contra de Rivas, quien supuestamente posee una aeronave, vehículos de lujo y una serie de apartamentos donde viven dos hijos del presidente Daniel Ortega, según informó hace semanas el diario La Nación .
“Muy probablemente viajemos a Costa Rica a ver el caso de Roberto Rivas, a poner la denuncia allá, para que le den el debido trámite y allí no van a jugar. Sería por malversación, peculado, enriquecimiento ilícito, para ver si se le expropian los bienes a Roberto Rivas en Costa Rica”, dijo Marenco.
PROCEDIERON ANTE FGR
Ayer la Asociación de Abogados Democráticos de Nicaragua introdujo ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal en contra de Rivas y los otros nueve magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) por no haber publicado hasta el día de hoy los resultados definitivos y totales de las elecciones municipales de los años 2004 y 2008, y de las nacionales de 2006, ganadas por Ortega.
Marenco, acompañado por Gustavo García y David Castellón, explicó que el CSE ha violado el artículo 10, numeral 10, de la Ley Electoral, el cual dice que el CSE efectúa “el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones, plebiscitos y referendos y hacer la declaratoria de los resultados”.
Los abogados nicaragüenses dijeron confiar más en el sistema judicial de Costa Rica.
“Todo ha quedado aquí en Nicaragua estancado, queremos demostrar que las instituciones aquí no sirven, lo vamos a probar una vez más aquí. Todo ha quedado estancado”, señaló Marenco.
Los expertos en derecho indicaron que a Rivas y los demás magistrados se les vencerán sus períodos de cinco años entre febrero y junio de 2010, y de no ser reelectos, no gozarían de inmunidad para evadir las denuncias.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 A