El magistrado judicial sandinista, Rafael Solís, confirmó ayer que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) podría introducir ante el parlamento una ley para prorrogar indefinidamente en sus cargos a todos aquellos funcionarios que concluyan su gestión de cinco años, en caso de que los diputados no los reelijan o no seleccionen a nuevos funcionarios.
- La Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) no respaldará la propuesta del FSLN de prorrogar en sus cargos a los magistrados judiciales y electorales, así como a los contralores, en caso de que no haya elección en el congreso.
El diputado Eduardo Montealegre (BDN) indicó que los liberales tienen el compromiso de unificarse y presentar candidatos de consenso, antes de negociar con el FSLN.
Pero García, de ALN, explicó que están abiertas varias posibilidades: una negociación FSLN-PLC; otra que sería FSLN con BDN-ALN-MRS, y otra más: FSLN con PLC-ALN.
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Las declaraciones de Solís, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se conocieron un día después de que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) —apoyado por la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN)— introdujera un proyecto de ley que avala la creación de consejos administrativos provisionales en todos aquellos poderes e instituciones del Estado que terminen acéfalos.
Los liberales han dicho que supuestamente no reelegirán a ningún magistrado en el primer semestre del 2010.
Solís y su colega sandinista, Francisco Rosales, así como el magistrado electoral José Luis Villavicencio calificaron como “inconstitucional” la iniciativa del PLC.
A su vez, Rosales dio a conocer una segunda salida que el FSLN podría tener: un llamado “recurso por omisión” en contra de los diputados, ante la CSJ, en caso de que no se elija a los nuevos magistrados.
El debate de propuestas coincidió con la clausura, ayer, del año legislativo. Al parecer, ni el oficialismo ni la oposición tienen los 56 votos para elegir a los magistrados y contralores.
“Se va a meter la otra ley (del FSLN) que establece que con el vencimiento de los períodos de los funcionarios continuarán en sus cargos hasta que se elijan nuevos funcionarios. He oído rumores, no estoy seguro”, dijo ayer Solís.
El secretario ejecutivo de la bancada del FSLN, José Figueroa, admitió que la propuesta de Solís no se ha discutido oficialmente.
El magistrado Rosales insistió en que el Procurador General de la República (PGR) podría dejar todo en manos de la CSJ.
“En nombre del Estado, (el Procurador podría) irse de amparo en contra de la Asamblea Nacional por omisión, por no haber nombrado (a los magistrados). ¿Antecedentes? Ya los hay, en la época del presidente Arnoldo Alemán no se aprobó el presupuesto y hubo un recurso en contra de la Asamblea para que lo aprobara y, viceversa, hubo uno en contra del Presidente para que lo presentara”, indicó Rosales.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, promotor de la creación de los consejos administrativos provisionales también calificó como ilegal la propuesta de Solís, uno de los magistrados judiciales a quien se le vence su período en 2010.
“Rafael Solís quiere promover la inconstitucionalidad de prorrogar la vigencia de los cargos, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución, nadie puede quedarse más del tiempo establecido por la Constitución y las leyes, de lo contrario estaríamos cayendo en una monarquía”, advirtió Pallais.
El magistrado Villavicencio aceptó que para prorrogar el período de los 10 magistrados del Poder Electoral se tendría que reformar la Ley Electoral con 56 votos.
“Si existieran prórrogas o no prórrogas, creo que sí tendrían que haber reformas a la Ley Electoral”, precisó Villavicencio.
Solís es del criterio que la prórroga al período de los magistrados y contralores puede aprobarse con mayoría simple (47 votos), ya que supuestamente no estarían reformando la Constitución, una versión que fue completamente rechazada por Pallais por absurda.
En el 2010 se vence el período de los 10 magistrados electorales y de cuatro judiciales, además de los contralores.
El magistrado electoral Villavicencio opinó que el tema podría estar resuelto en febrero.
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