Antes de irse al receso legislativo, diputados del PLC dejaron presentada una iniciativa de ley para llenar el vacío administrativo en los poderes Judicial y Electoral —y en otras instituciones cuyos titulares también son elegidos por el Poder Legislativo—, cuando los diputados no hagan la elección a su debido tiempo.
Se trata, aparentemente, de una formalidad legal administrativa, pero en realidad esta es otra pugna fundamental en la dura batalla democrática contra la pretensión de Daniel Ortega, de controlar todo el poder del Estado para imponer y consolidar su nueva dictadura.
De acuerdo con el artículo 138, incisos 7, 8 y 9, de la Constitución Política de la República, la Asamblea Nacional debe elegir con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de sus miembros (o sea 56 diputados), a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, al Superintendente y Vicesuperintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, al Fiscal General de la República y al Fiscal General Adjunto, a los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, y al Procurador y al Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
La Constitución establece que estos funcionarios ejercerán sus cargos durante cinco años, pero no prevé lo que debería ocurrir si la Asamblea Nacional, por la razón que sea, no pudiera elegir a tiempo a los sustitutos de los que terminan su período. Por otro lado, ni el FSLN ni ninguno de los partidos de oposición tienen los 56 votos indispensables para elegir a esos funcionarios. El Frente Sandinista con sus aliados y clientes parlamentarios alcanza 47 votos, 48 a lo sumo. De manera que por fuerza tiene que negociar con el PLC, con la Bancada Democrática Nicaragüense o con la unión de todos los grupos parlamentarios democráticos, para garantizar la elección de esos altos funcionarios del Estado.
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Sin embargo, las fuerzas parlamentarias de oposición real han decidido posponer la negociación con el FSLN, para la elección de esos cargos, hasta después de que se constituya efectivamente la unidad opositora, a más tardar en marzo del 2010. Y que mientras tanto, los poderes del Estado e instituciones que queden en acefalía sean manejados por consejos administrativos, sin funciones políticas, según establecería la ley cuya iniciativa fue presentada esta semana.
En realidad, en principio esta podría ser una magnífica oportunidad para que en los poderes del Estado y otras instituciones cuyos titulares son elegidos por la Asamblea Nacional, se establezca el sano equilibrio político entre gobierno y oposición. Esto podría ser un avance institucional en las condiciones actuales de Nicaragua, donde es un sueño aspirar a que esos funcionarios sean escogidos de entre la sociedad civil, las cátedras universitarias y los foros profesionales, para garantizar su idoneidad, honestidad, independencia política e imparcialidad.
Pero en la cruda realidad nicaragüense esta situación podría ser más bien una oportunidad para que Daniel Ortega siga controlando, pervirtiendo y manipulando los poderes del Estado y demás instituciones estatales; para que los mismos magistrados sumisos y corruptos del Consejo Supremo Electoral le garanticen el fraude en los comicios nacionales del 2011; para que los magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia continúen dictando falsas y aberrantes resoluciones judiciales, a fin de allanar el camino a la consolidación de la nueva dictadura; para que el procurador danielista de Derechos Humanos siga justificando las violaciones gubernamentales a los derechos humanos, etc.
En efecto, los operadores políticos del orteguismo en la Corte Suprema, el Consejo Electoral y la Asamblea Nacional, ya respondieron a la mencionada iniciativa de ley del PLC, con la amenaza de dictar una ley ordinaria a fin de prorrogar indefinidamente el mandato de los funcionarios a los cuales se les vence el período. Para esto sólo necesitarían 47 votos, que los pueden alcanzar con sus diputados clientes en la Asamblea Nacional. También advirtieron que podrían resolver el asunto mediante una simple resolución judicial, la cual sería inconstitucional, pero si ya lo hicieron para que Daniel Ortega se pueda presentar a una nueva reelección, a pesar de que la Constitución lo prohíbe de manera expresa, ¿por qué no lo podrían hacer también en este caso?
Tomás Borge expresó públicamente la amenaza fascista de que ellos van a hacer todo lo que consideren necesario y a pagar el precio que sea, con tal de no entregar el poder. Desde entonces, y aún desde antes, ya estábamos advertidos.
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