La imagen del año que concluye puede ser perfectamente la de un encapuchado cargando un mortero o un machete. Ésa fue la tónica que el Gobierno del Frente Sandinista (FSLN) mantuvo este año en contra de los organismos de la sociedad civil y los grupos de oposición, que persistieron en la demanda de derechos y recibieron respuestas con garrotes, piedras, machetes y morteros de las turbas contratadas por el régimen de Daniel Ortega.
El cierre de la primera radioemisora propiedad de un ciudadano opositor al gobierno de Ortega, el ataque y persecución de miembros de la Coordinadora Civil, aun en los predios de la Catedral Metropolitana, las convocatorias paralelas de marchas oficialistas en días autorizados a la oposición o la sociedad civil y las emboscadas contra miembros específicos de esos grupos cívicos, son hechos que definen el 2009 como el año en que el FSLN detonó su represión contra la libertad de expresión y de prensa.
“Hay toda una estrategia represiva que en la práctica es una represión contra los derechos humanos; y el ataque hacia la libertad de expresión y de prensa ha sido ahora más abierto y descarado”, opina Vilma Núñez de Escorcia, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
- La política de represión del Gobierno de Daniel Ortega contra los derechos y la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua ha respondido a una estrategia antimediática de los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), promovida y controlada por el presidente venezolano Hugo Chávez.
En su décimo tercera cumbre, los países del Alba acordaron crear un mecanismo de seguimiento de los medios de comunicación para “enfrentar la guerra mediática” y revisar las leyes sobre comunicación e información, tal como se hacía entonces en Venezuela con la ley sobre delitos mediáticos.
Al volver de la décimo cuarta cumbre del Alba, realizada este diciembre en La Habana, el presidente Daniel Ortega dijo en Managua que estaba esperando un informe sobre las exoneraciones a los medios de comunicación escritos, en una virtual amenaza. A estos medios, desde el 2005 les regulan el monto de las exoneraciones con una ley de reforma fiscal que es inconstitucional.
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Núñez asegura que en los veinte años que tiene el Cenidh han acompañado a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante los cuatro gobiernos bajo los cuales han trabajado. Sin embargo, considera que “los momentos más difíciles en el estado de los derechos humanos los estamos viviendo ahora en este Gobierno”.
POCA TOLERANCIA Y MUCHA VIRULENCIA
El sacerdote Rolando Álvarez, vocero de la Curia Arzobispal de Managua, dijo ayer a LA PRENSA que a la Iglesia le preocupa y le duele cómo fueron atacadas las marchas por otros grupos que pretendieron identificarse como pueblo, y cómo también se manipuló la religión y la pobreza de la gente en contra de la dignidad humana.
“Nosotros lamentamos la respuesta poco tolerante y virulenta de parte del Gobierno, cuando escuchan críticas a la gestión pública”, enfatizó Álvarez.
Durante el año que concluye los obispos de la Conferencia Episcopal expresaron su preocupación por la represión del Gobierno. El secretario de la Conferencia y Obispo de Chontales, René Sándigo, dijo en octubre que en el país se estaban estableciendo condicionamientos hacia todos los grupos ajenos al Gobierno, como una manera de perjudicar la buenandanza de la nación y la libertad de ideas.
Sin embargo, Álvarez opina que en el último trimestre del año pareció disminuir el ataque virulento, por lo menos por el respeto a la marcha de la oposición de finales de noviembre, tras un llamado a la paz hecho por la Conferencia Episcopal en pleno.
Según la presidenta del Cenidh, “cada gobierno ha tenido sus características en materia de respeto a los derechos humanos, porque las violaciones no se dan de manera aislada, sino en el marco de una situación política y económica. En estos cuatro gobiernos, con sus características particulares cada uno, quizás el gobierno que viola de manera más directa y sistemática es el gobierno actual, sobre todo y además los civiles y políticos”.
En septiembre de este año Núñez comprobó esa represión, cuando la labor que realiza motivó a un grupo afín al partido de Gobierno a lanzarle amenazas de muerte y bujías con pintura rojinegra en su casa de León. Pero ése no fue el único caso.
ACOSO AL PERIODISMO INDEPENDIENTE
El director y presidente de la Junta Directiva de LA PRENSA, Jaime Chamorro, denunció este año en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada el mes pasado en Buenos Aires, Argentina, que durante este período el Gobierno del Frente Sandinista “siguió tratando de silenciar a los medios de comunicación independientes mediante la represión, la negación de información y el hostigamiento constante”.
Ese acoso ha persistido desde el inicio del gobierno de Ortega, en enero del 2007, y fue una práctica común en los años ochenta, cuando Ortega también gobernó.
En su afán por controlar a los medios de comunicación independientes, el FSLN logró copar la directiva del Colegio de Periodistas y su Comité de Ética y Honor, en febrero, desde donde la diputada sandinista Martha Marina González promovió la reforma a la Ley Creadora del Colegio, para establecer la obligatoriedad de pertenecer al Colegio para ejercer el periodismo.
Otros medios afectados por sabotajes y acoso del Gobierno fueron Radio Darío, Radio El Pensamiento, Radio 15 de Septiembre y Radio Corporación, contra las que abundaron las correspondencias con amenazas de sanción, hasta por el supuesto uso de la calle como parqueo.
En junio ocurrió el primer cierre de una radio propiedad del comentarista de Radio Corporación, Santiago Aburto.
Al comentarista, que pretendía inaugurar su propia radio en Sébaco, Matagalpa, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) le canceló la licencia de operación la tarde anterior al día de su inauguración, prevista para el 20 de junio, y treinta civiles armados le confiscaron los equipos de transmisión aún en contra de la prohibición explícita del artículo 68 de la Constitución Política de la República.
Menos de un mes después, el 8 de agosto, miembros de la Coordinadora Civil fueron agredidos y perseguidos desde las inmediaciones de la rotonda de Metrocentro hasta los predios de la Catedral Metropolitana, donde un sacerdote debió interceder para que cesaran los ataques que obligaron a la gente a refugiarse en el templo católico.
A Mario Sánchez, periodista que trabaja con la Coordinadora, lo golpearon cuando intentaba tomar fotos del ataque de las turbas pro gubernamentales, y un par de oficiales de la Policía sólo observaron sin detener a los agresores, de los que luego se proporcionó evidencia, pero nunca fueron detenidos ni interrogados.
Vilma Núñez considera que “el periodismo está objetivizado” y para el Cenidh los periodistas son uno de los principales grupos en riesgo sobre violaciones a los derechos humanos.
Afirma que la represión del Gobierno de Ortega contra la libertad de prensa ha pasado de la represión y el chantaje al interés de controlar todos los medios, porque “quiere una sola voz alabándole”.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A ,1 A
