WASHINGTON/EFE
El Presidente de EE.UU., Barack Obama, promulgó ayer la extensión por un año de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPDEA, por sus siglas en inglés), de las que está excluida nuevamente Bolivia, en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), informó el Gobierno.
El GSP es un programa que busca promover el crecimiento económico de países en desarrollo al permitir el ingreso libre de aranceles de alrededor de 4,800 productos de dichas naciones.
Ambos programas, el GSP y la ATPDEA “crean buenas plazas de trabajo para nuestra economía y ayudan a aliviar la pobreza global”, manifestó el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Ron Kirk.
La apertura de los mercados resultante de estas dos iniciativas ha contribuido para que Estados Unidos sea una de las economías más abiertas a productos de los países en desarrollo, agregó.
Kirk afirmó que estos programas también han ayudado a que los países en desarrollo aumenten su participación en el sistema de comercio mundial al garantizar mayores opciones y más bajo costo para el pueblo estadounidense.
Durante la ceremonia el Presidente también extendió por tres años una orden que autoriza al Estado a pagar compensación por daños catastróficos causados por naves espaciales durante su lanzamiento o reingreso en la atmósfera y autorizó el aumento del límite de la deuda pública de 12.10 billones de dólares a 12.39 billones.
AMPLIACIÓN APROBADAPOR EL SENADO
La ampliación del GSP y la ATPDEA fue aprobada por el Senado la semana pasada después de que el legislador demócrata Frank Lautenberg retirara una moción para impedir la votación en protesta por un conflicto de custodia infantil con Brasil, uno de los grandes beneficiados.
La Ley de Preferencias Comerciales Andinas otorga un tratamiento especial al comercio con Colombia, Ecuador y Perú como forma de alentar a esos países a que desarrollen alternativas a la producción y el tráfico de drogas.
Esta norma, extendida hasta el 31 de diciembre de 2010, excluyó nuevamente a Bolivia, país del que EE.UU. considera, desde el Gobierno del anterior presidente, George W. Bush, que no contribuye de manera adecuada a la lucha contra el narcotráfico.
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