Bajo el lema “Nicaragua volverá a ser República”, que inspiró al “Mártir de las Libertades Públicas”, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, las organizaciones de la sociedad civil han lanzado una campaña de lucha que habrá de extenderse hasta finales del año 2011. Es importante, en este contexto, clarificar el significado histórico y el valor actual del término República.
Según Maurizio Viroli, historiador de las ideas políticas de la Universidad de Princeton: “Los demagogos populistas no pueden ser derrotados en nombre de una clase o de una parte del pueblo, sino sólo en nombre de principios políticos más amplios, como son precisamente los principios de la República, el primero de ellos, el principio del bien común”. Objeto de renovado interés en el pensamiento político contemporáneo, la República se nos muestra como el perdurable ideal político y moral, capaz de generar entusiasmo frente a una política caracterizada por el descrédito. Dejando a un lado el debate suscitado por su redescubrimiento, conviene resaltar aquellos principios a que se refiere Viroli, que ofrecen una extraordinaria plataforma para unificar, aquí y ahora, en la Nicaragua de hoy, a todos los sectores que luchan por la democracia y las libertades.
Tras el colapso de la democracia directa ateniense, lo que se impone como ideal político en la tradición occidental durante más de dos mil años es la República. A ella se refieren todos los autores clásicos, desde Aristóteles y Cicerón a Harrington y el Maquiavelo humanista de los Discursos, de Kant a Hamilton y Madison y los pensadores hispanoamericanos. Es la República, con las revoluciones americana y francesa, la entidad que encarna la forma representativa de la reinventada democracia moderna.
La palabra, derivada del latín res pública, se refiere a la cosa pública, lo que es de todos. Puede emplearse, como dice Bobbio, como término genérico para referirse al Estado o como Estado ideal, basado en la virtud de los ciudadanos y en el amor a la Patria. Es el sistema político de todos en beneficio de todos. De estas precisiones terminológicas deriva ya un primer interés en ella, como sinónimo de Estado integral, contrario al Estado colapsado o fallido, y como ordenamiento que separa claramente lo público de lo privado, opuesto a la privatización de lo público, es decir, a la corrupción, y al Gobierno secreto y los poderes ocultos. Sistema que no admite, igualmente, Estados paralelos o Estados dentro del Estado, construidos al amparo de la privatización de la cooperación y del uso arbitrario del presupuesto.
La República democrática es un Gobierno de leyes y no de personas; un Estado equilibrado, dotado de un sistema de pesos y contrapesos, regido por el principio de la división e independencia de poderes. Gobierno de representantes libremente electos por el pueblo soberano, encargados de legislar para el bien común, se opone al absolutismo monárquico y la tiranía, al control de todos los poderes por una persona, grupo o partido. Exige, asimismo, un ejercicio sano y transparente de la representación y del funcionamiento de los partidos políticos. Su principal enemigo es el faccionalismo, las mafias políticas, la corrupción de la representación: los partidos políticos personalistas, subyugados por la famosa “ley de hierro de la oligarquía” que denunciara Michels, controlados por caudillos y cúpulas obedientes a sus propios intereses, divorciadas de sus bases.
En este sentido, el diálogo iniciado entre los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil no puede reducirse a un subterfugio para oxigenar estructuras y estilos caudillistas fracasados, a una mera táctica electoral para ganar votos de cara a los próximos comicios. Sumada a la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral honestos e independientes y a la creación de un frente amplio de oposición bajo unos principios y unos objetivos programáticos comunes, la profundización de este diálogo es condición sine qua non para garantizar la superación de la crisis de representación, factor determinante de la crisis nacional. Siendo éste el objetivo último del ejercicio iniciado con las reuniones de Metrocentro, el papel de la sociedad civil no puede limitarse a una simple auditoría de acuerdos alcanzados en torno a una agenda parlamentaria; debe, necesariamente, jugar un rol propositivo y catalizador de consensos, transmisor de los problemas, intereses y esperanzas de los electores. Sin ese diálogo con la sociedad civil, que implica de parte de los institutos políticos un ejercicio autocrítico, un saber escuchar y saber comprometerse, no será posible recuperar la República.
Por último, la República descansa en una ciudadanía consciente y activa, beligerante en la defensa y el ejercicio de sus derechos. Pareciera ingenuo estructurar una política bajo el presupuesto de una ciudadanía virtuosa y amante de la Patria; pero, aún cuando la política no sea lo mismo que la ética, toda comunidad política requiere para poder gobernarse de personas con sentido de la vergüenza y la justicia, con dignidad y respeto por sí mismas. Una sociedad corrupta jamás producirá líderes y élites políticas sanas, capaces de ejercer tan alto oficio con imaginación y responsabilidad. Nada que favorezca el bien común puede surgir de políticos sin escrúpulos y ciudadanos escépticos, cobardes e indiferentes. Ésta es la tarea a que se han dedicado las organizaciones civiles, conscientes de que una democracia no sólo necesita de buenas leyes sino también de buenas costumbres, es decir, de una cultura ciudadana. Cultura cuya creación, en una República, es tarea de todos, en primer lugar del Estado y sus instituciones, incluyendo los partidos políticos.
La República democrática es un Gobierno de leyes y no de personas; un Estado equilibrado, dotado de un sistema de pesos y contrapesos, regido por el principio de la división e independencia de poderes. Gobierno de representantes libremente electos por el pueblo soberano, encargados de legislar para el bien común, se opone al absolutismo monárquico y la tiranía, al control de todos los poderes por una persona, grupo o partido.
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