AIPE— El caudillo venezolano Hugo Chávez ha plasmado por escrito algo que no resulta sorprendente viniendo de él. En uno de esos largos textos que, siguiendo el ejemplo de Fidel Castro, publica impartiendo doctrina y mostrando su peculiar modo de ver el mundo, proclama: “El tiempo es propicio para que todos los poderes, liberados del lastre de su división —como consecuencia de una nefasta herencia que debemos superar más temprano que tarde— trabajen coordinadamente como lo exige el constitucionalismo popular que toma forma en Venezuela y en Nuestra América”.
En esas líneas lo realmente importante es el hecho de considerar a la división de poderes como un “lastre” del que liberarse y una “nefasta herencia” que ha de ser superada. Sólo teniendo en cuenta eso puede llegar a entenderse en qué consiste ese constitucionalismo, presentado con el adjetivo de “popular”, del que habla el presidente paladín del socialismo del siglo XXI. Al igual que hiciera el denominado socialismo real del siglo XX, y sigue haciéndolo en países como Cuba, China o Vietnam, la nueva careta de ese totalitarismo utiliza las palabras para decir justo lo contrario de lo que significan.
En el bloque soviético “democracia” significaba dictadura y “libertad” opresión. Justo como ocurre en los residuos comunistas como Cuba o Vietnam y al igual que sucede en la Venezuela de Chávez. Ahora, además, “constitucionalismo” pasa a querer decir todo lo contrario. En la tradición constitucionalista iniciada con las revoluciones liberales del siglo XIX, y en la que se inscriben personajes tan falseados por los totalitarios como Simón Bolívar y José Martí, la división de poderes es fundamental.
Pero la mentira de Chávez no termina ahí. Él escribe como si el fin de la separación de poderes fuera algo por hacer, cuando hace tiempo que él ya emprendió la tarea de desmantelarla. En Venezuela no quedan jueces que estuvieran en ejercicio antes de su llegada al poder, en una intromisión cuyos tres últimos vergonzantes capítulos son muy recientes. La destitución de la juez de primera instancia en lo penal Mercedes Chocrón contó con tan pocas garantías legales que el régimen venezolano tiene que enfrentarse a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra magistrada, María Lourdes Afiuni, ha sido detenida por decretar la libertad condicional de un banquero perseguido por el Gobierno y, como terrible colofón, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estrella Morales, declaró que la separación de poderes debilita al Estado y que, por tanto, debe eliminarse.
El Legislativo también ve recortando cada vez más su campo de actuación en Venezuela y países afines. Cuando esto no ocurre, los presidentes directamente ignoran la obligación de acudir al Congreso para la aprobación de normas o acuerdos. Así, en el caso de Ecuador la Asamblea espera desde hace medio año para votar si se da el visto bueno a una integración en el bloque bolivariano Alba que ya es real por deseo de Rafael Correa. Tampoco se respeta la división vertical, entre los poderes nacionales y regionales o municipales. En Venezuela, y otros países, cuando una región o un ayuntamiento tienen un gobierno de signo contrario al del Presidente se le recorta atribuciones o se le priva de los recursos que necesita para funcionar.
La división de poderes hace tiempo que dejó de ser un lastre para Chávez y compañía. De esa “nefasta herencia” tan sólo quedan unos pequeños restos que poco a poco se irán desmantelando. © www.aipenet.com
El autor es Miembro del Instituto Juan de Mariana.
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