Acusaciones contra el presidente Daniel Ortega por abuso de autoridad y una ley derogatoria son las primeras reacciones al “decretazo” de Ortega que han anunciado las bancadas de oposición, para revertir lo que el analista constitucional Alejandro Serrano Caldera llamó por primera vez “gobierno de facto”.
La bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentará una iniciativa de ley para derogar el decreto emitido por Ortega el pasado sábado, en el que extiende la vigencia de los periodos a los funcionarios públicos, ante la “omisión de dichos nombramientos” por parte de la Asamblea Nacional.
Otra de las decisiones acordadas, durante la reunión de emergencia que sostuvieron ayer en la hacienda El Chile, del ex presidente Arnoldo Alemán, fue la de impulsar una acusación ante el Ministerio Público, por el delito de abuso de autoridad o funciones, establecido en el artículo 432 del Código Penal.
- El dirigente del PLC, Arnoldo Alemán, recordó que en los acuerdos de Metrocentro II se estableció que no habrá reelección de funcionarios en el Poder Electoral, lo que causó “desesperación” en el presidente Ortega, al punto de violar una vez más la Constitución.
Por su parte, el diputado Francisco Aguirre Sacasa lamentó que el presidente Ortega realizara ese anuncio justamente un día antes de cumplirse el 32 aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
“Le haya pegado un tiro de gracia a la democracia representativa nicaragüense, Daniel Ortega, alegando que la oposición quiere crear el caos en el país; es el presidente Ortega el que quiere crear el caos en este país, nosotros nunca nos hemos negado a aprobar a ninguno de estos cargos, y para que quede bien claro, el Presidente no ha sometido el nombre de ningún candidato, para ninguno de los cargos”, afirmó Aguirre Sacasa.
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El diputado liberal José Pallais explicó que si los funcionarios a los que ya se les venció su periodo se acogen al decreto inconstitucional emitido por Ortega, agregaría otro delito contra el mandatario, que es el de nombramientos ilegales en forma activa.
No obstante, advirtió que la comisión de delito no sería exclusiva del presidente Ortega, sino de los funcionarios “que se atrevan a permanecer ilegal e inconstitucionalmente, también estarían cometiendo el delito de nombramiento ilegal en forma pasiva”.
Atribución de asamblea nacional
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, quien participó de la reunión en El Crucero, expuso que en “ninguna parte” del artículo 150 constitucional, que confiere las atribuciones del Presidente de la República, se le otorga la facultad de “nombrar, destituir o de extender períodos de estos funcionarios”, sino que es una atribución privativa de la Asamblea Nacional, establecida en el artículo 138 de la Carta Magna.
Anular desde el parlamento
El jurista Alejandro Serrano Caldera expresó ante medios televisivos que el decreto presidencial finalmente termina convirtiendo la Administración Ortega en un “gobierno de facto”, por usurpar las funciones del primer Poder del Estado nicaragüense, la Asamblea Nacional.
Para poder restituir el marco jurídico, afectado por el decreto presidencial, el especialista explica que la única manera es aprobar una ley ordinaria, que anule lo estipulado por el mandatario durante el acto de su tercer aniversario de toma de posesión.
El jurista dijo: “A mí me parece que la Asamblea Nacional lo que debería hacer, si quiere restablecer el Estado de Derecho y superar la situación de facto en el que el país se encuentra a raíz de la emisión de este decreto, es emitir una ley ordinaria, que lo puede hacer con 47 votos, que derogue el decreto”.
Desde una perspectiva jurídica, Serrano Caldera enfatiza en que los argumentos brindados por el presidente Ortega para emitir el decreto (para evitar el caos institucional debido a que la Asamblea no nombraba a los funcionarios) son contradictorios con el deber del mandatario de cumplir y defender los preceptos constitucionales.
“El respeto a la Constitución se garantiza respetándola, no violándola. Y en este caso, tenemos una violación directa, por quien está principalmente obligado a tutelar su vigencia y aplicación”, añadió.
La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) coincidieron ayer en que la única manera de enfrentar el decreto emitido por el presidente Ortega es anulándolo desde el parlamento.
A medir fuerzas en Parlamento
El diputado Eduardo Montealegre expresó que hoy se reunirán las fuerzas políticas de oposición, para determinar bajo qué figura buscarán anular el Decreto 03-2010, emitido el sábado pasado por el mandatario.
“Mi propuesta es que hay que ir más allá de una resolución. Tiene que aprobarse una ley o emitir un decreto legislativo. Pero eso es algo que en la reunión de mañana (hoy) vamos a decidir todos los diputados. Lo que sí te puedo afirmar es que ése es un decreto ilegal y violatorio de la Constitución”, afirmó Montealegre.
Montealegre comentó que el consenso también abarca a los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). “Yo hablé con Carlos García (directivo del ALN), quien me aseguró que el partido iba a respaldar a las demás fuerzas políticas en la anulación del decreto”.
La bancada del ALN se ha caracterizado por ser una “bisagra” en la Asamblea Nacional entre las principales fuerzas políticas, pero la mayor parte de las veces ha inclinado sus votos a favor del Frente Sandinista. El más polémico de estos respaldos legislativos fue cuando el diputado de esa bancada, Alejandro Ruiz, “apuñaló” a las demás fuerzas políticas opositoras al abstenerse en la reunión de Junta Directiva en la que se discutía la anulación de la sentencia reeleccionista de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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