El decreto que dictó y dio a conocer el sábado pasado Daniel Ortega, con la intención de mantener en sus cargos a los magistrados y otros altos funcionarios del Estado, que de acuerdo con la Constitución, son elegidos por la Asamblea Nacional, a los cuales se les ha vencido o está próximo a vencérseles su período, es aberrante y nulo absolutamente. Prácticamente se trata del mismo caso, o de algo muy parecido, de la falsa resolución que dictaron seis magistrados de Daniel Ortega, en la Corte Suprema de Justicia, el 19 de octubre del año pasado, con la absurda pretensión de anular el artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial en períodos sucesivos y ejercer la Presidencia de la República por más de dos veces. Sólo la Asamblea Nacional puede reformar la Constitución y por lo tanto la falsa resolución judicial del 19 de octubre, no tiene ninguna validez. Y lo mismo ocurre con el fallido decreto que el titular del Ejecutivo dio a conocer el sábado 9 de enero corriente.
Daniel Ortega dijo que dictó ese falso decreto presidencial, debido a que están quedando vacantes algunos cargos estatales porque la Asamblea Nacional no los elige, a fin de evitar un “vacío de poder” en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, la Superintendencia General de Bancos y otras instituciones financieras y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
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Pero por muy jefe de Estado y de Gobierno que sea Daniel Ortega, no tiene potestad, atribución ni facultad para llenar esos vacíos en el caso de que la Asamblea Nacional no elija a los funcionarios correspondientes. De acuerdo con la Constitución, el Presidente de la República sólo puede proponer candidatos para esos cargos. De manera que lo único que podría y debería hacer Ortega, es negociar con la Asamblea Nacional y tratar de conseguir la mayoría calificada de sesenta por ciento del total de los votos parlamentarios, para que se puedan elegir a tales funcionarios y evitar lo que él llama “vacío de poder”, que en realidad no es tal cosa. Y en todo caso, para mientras se llega a un acuerdo de elección en la Asamblea Nacional, ésta puede aprobar la iniciativa de ley que presentó a fines del año pasado la bancada del PLC, a fin de reglamentar la continuidad administrativa de las instituciones que temporalmente queden acéfalas.
La Constitución es muy clara al respecto. El artículo 130 establece que “Ningún cargo concede, a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes”. De manera que Daniel Ortega no puede prorrogar los mandatos de los funcionarios elegidos por la Asamblea Nacional porque la Constitución no le confiere esa atribución, potestad o facultad. De acuerdo con la Constitución, artículo 138, incisos 7, 8 y 9, sólo la Asamblea Nacional puede elegir o reelegir a esos funcionarios y las mencionadas instituciones tienen que permanecer acéfalas, mientras los diputados no elijan a los sucesores de los funcionarios que terminan sus períodos. Tan sencillo como eso. Por lo demás, el artículo 182 de la misma Constitución señala categóricamente que “ella es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones”. O sea que el decreto de Ortega del sábado pasado es un arrebato autoritario y una aberración jurídica que no tiene ninguna validez.
Como lo han advertido claramente las dos principales bancadas parlamentarias de oposición, Daniel Ortega está cometiendo delito contra la Constitución y debería de ser enjuiciado y destituido de su alto cargo. Pero si la oposición en la Asamblea Nacional no puede reunir 47 votos para aprobar una ley ordinaria, a pesar de que numéricamente es mayoritaria, mucho menos que pudiera alcanzar los dos tercios que se requieren para procesar y destituir al presidente violador de la Constitución.
Sin embargo, algo que tiene que hacer, si es cierto que la oposición y particularmente los partidos liberales se están uniendo y quieren impedir que Daniel Ortega consolide su nueva dictadura, todavía están a tiempo de hacerlo. Este nuevo ultraje de Ortega a la Constitución, a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho, es una oportunidad para que lo demuestren.
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