Parlamentarios liberales se comprometieron a terminar de elaborar el proyecto de ley para derogar el decreto emitido por el presidente Daniel Ortega, ayer mismo.
Para ello, solicitarían el respaldo de las otras bancadas legislativas de oposición, para impulsar a lo inmediato la iniciativa de ley que derogue el decreto ejecutivo que extiende la vigencia del período de funcionarios públicos, de los cuales la mayoría ni siquiera ha cesado en sus funciones.
La dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) insistió en que el decreto es nulo, ya que no es facultad del mandatario asumir atribuciones de la Asamblea Nacional.
El diputado liberal José Pallais destacó que “cumplirán su obligación” de preparar y presentar el proyecto de ley ante sus homólogos.
“Y si no nos apoyan, nos vamos solos, pero nuestra responsabilidad la vamos a cumplir”, expresó Pallais, aunque dijo que parte de esa responsabilidad es buscar precisamente los 47 votos para la aprobación de la ley.
Pallais desestimó que el presidente Ortega gane espacios con acciones como el decreto o la decisión de seis magistrados judiciales sandinistas de declarar inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que limita la reelección presidencial.
“Ortega se va hundiendo cada día más en la ilegitimidad y en la ilegalidad, está perdiendo cada día más el respeto nacional que le quedaba, y el poco o ningún respeto internacional que tuvo”, indicó Pallais, como consecuencia de sus “actitudes dictatoriales”.
El dirigente del PLC, Arnoldo Alemán, dijo que están seguros de contar con más de 47 votos para aprobar la ley derogatoria del decreto ejecutivo, pero si no es así, al menos, habrían cumplido con su responsabilidad de denunciar las arbitrariedades de Ortega.
Para Alemán, los diputados tienen la obligación, “por dignidad”, de derogar el decreto, ya que esto es un golpe de Estado y a la democracia, porque no se puede tolerar “situaciones de hecho”.
- El dirigente del PLC, Arnoldo Alemán, calificó de “soberano mentiroso” al presidente Daniel Ortega, por establecer en los considerandos para emitir el decreto que amplía los períodos de los funcionarios públicos que existía “un vacío de poder”, lo que no ha sucedido, porque los mismos se mantienen en sus cargos.
Recordó que los únicos funcionarios que cesaron en su cargo son el Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos, por lo cual, instó al diputado Núñez, para anunciar la convocatoria para presentar las respectivas candidaturas.
Los parlamentarios aseguran que la decisión de Ortega, de emitir el decreto, es una forma de presión política, para obligar a reelegir a los magistrados electorales, dado que la oposición asumió el compromiso de no respaldar la continuidad de ninguno de los actuales miembros del CSE. Esto sería un comportamiento análogo al originado de no obtener los votos para reformar la Carta Magna y lograr la reelección presidencial.
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Dijo que existen méritos para acusar al presidente Ortega en los tribunales de justicia, tomando en cuenta que juró respetar la Constitución y las leyes, lo que hasta el momento no ha hecho.
CORTE DIVIDIDA POR DECRETO
A juicio del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, el presidente Ortega está facultado para emitir el decreto con el que prorroga la permanencia en sus cargos de aquellos funcionarios a los cuales se les vence su período en los próximos meses, y son titulares de instituciones claves, como el Consejo Supremo Electoral (CSE), Poder Judicial, Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Solís dijo no que quería opinar sobre el fondo del decreto, porque él es uno de los cuatro magistrados de la Corte, a quienes se les vence su período en abril de este año, pero señaló que Ortega emitió el decreto para evitar una crisis, porque los liberales no quieren nombrar a los nuevos funcionarios en la Asamblea.
Agregó que el decreto de Ortega no contraviene la Constitución, porque es temporal, y su vida termina cuando los diputados nombren a los nuevos funcionarios.
Solís dice que acepta el decreto de Ortega y pidió a los diputados de la Asamblea Nacional convocar para elegir a los nuevos funcionarios públicos, para que no se origine una crisis en las instituciones del Estado.
Pero el presidente de la Corte, el liberal Manuel Martínez, contradijo a Solís, señalando que en este momento no hay crisis y que el decreto de Ortega es una jugada política para presionar a que se nombren los funcionarios que él quiere, e hizo alusión al presidente del CSE, Roberto Rivas, de quien dijo la población no lo quiere.
El magistrado Martínez manifestó que el decreto de Ortega es como “ponerse un parche, antes que te salga el divieso”.
El presidente de la Corte añadió que un recurso por inconstitucionalidad en contra del decreto de Ortega no prosperaría fácilmente, porque ni la bancada de los sandinistas tiene los nueve votos necesarios para fallarlo a favor del presidente Daniel Ortega, ni ellos, como liberales, tampoco los tienen, porque apenas tienen siete magistrados.
Martínez aceptó que él mismo fue encomendado por el PLC para proponer negociaciones al FSLN y nombrar a los nuevos funcionarios públicos, pero los sandinistas se han negado y la repuesta fue el decreto que este sábado emitió Ortega.
MARCHA PARA 22 DE ENERO
La Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) convocó ayer a la población a manifestarse públicamente en contra del decreto presidencial que prorroga en sus cargos a los magistrados electorales y judiciales, así como a los contralores y procuradores de derechos humanos.
Violeta Granera, del Movimiento por Nicaragua, explicó que el 22 de enero sería la primera de varias marchas locales y nacionales, en contra de la polémica decisión presidencial.
“El 22 de enero vamos a tener una primera movilización, vamos a dar los detalles próximamente, pero sin dudas en febrero las calles estarán tomadas por la ciudadanía, para que los diputados mantengan su compromiso de elegir a magistrados idóneos en los poderes del Estado, especialmente en el Consejo Supremo Electoral”, indicó Granera.
El 22 de enero de 1967 la Guardia Nacional, que estaba bajo las órdenes de la dinastía somocista, acribilló a cientos de nicaragüenses que se manifestaban en contra del Gobierno.
El diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre, explicó que la fecha de la marcha es emblemática y llamó a los ciudadanos a sumar esfuerzos con los diputados.
“La fecha del 22 de enero es una fecha apropiada (para marchar), por la masacre del 67 y no es una fecha del FSLN, sino una fecha de todos los nicaragüenses que decidieron luchar contra una dictadura. Si queremos verdadera democracia, tenemos que pedir la participación de toda la ciudadanía”, manifestó Montealegre.
BDN y la UDC sostuvieron ayer una reunión, para analizar lo que Carlos Tünnermann calificó como el “ortegazo”.
Montealegre dijo que para la reunión de directivos de hoy espera que se apruebe una resolución unánime, es decir incluyendo el improbable respaldo de los sandinistas, para que luego se tramite un proyecto de ley para anular el decreto presidencial.
BDN, PLC, ALN y MRS coincidieron ayer en que respaldarán la iniciativa de ley.
CABEZAS ACATA DECRETO
A pesar de las advertencias de cometer delito a quien acate el decreto emitido el pasado fin de semana por el presidente Ortega, Omar Cabezas Lacayo reasumió ayer el cargo de Procurador para la Defensa de Derechos Humanos.
Por su parte, el Subprocurador, Adolfo Jarquín Ortel, no se dio por enterado, y prefirió esperar la posición del PLC, que reclama una elección por ternas desde la Asamblea Nacional.
En Relaciones Públicas de esa institución se confirmó que Cabezas Lacayo se presentó normalmente a laborar y sostuvo una reunión a puertas cerradas con algunos de sus funcionarios. No así Jarquín Ortel.
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