En el año 2009 los ciudadanos, la gente de todo el mundo, estuvo menos y peor informada que en años anteriores.
Según el informe sobre el estado de la libertad de expresión de Reporteros sin Fronteras, el pasado año fueron asesinados 76 periodistas, 33 secuestrados, otros 573 detenidos y 1,456, entre medios y periodistas, sufrieron agresiones. A estas cifras se suma que 570 medios fueron censurados.
Esos datos nos ilustran sobre la represión contra periodistas y medios y los riesgos crecientes que implica la tarea periodística. Esto, lógicamente tiene como consecuencia directa una limitación y en cierta forma afecta la propia calidad de la información que el público recibe.
Sin embargo, esas cifras no son elocuentes de la medida en que el derecho a la información de la gente es afectado y recortado, particularmente en el continente americano. Los crímenes, agresiones y atentados y censura violenta contra periodistas y medios son, en sí mismo, información; son noticias, tan tristes como condenables pero que nos hablan y a la vez denuncian el rampante autoritarismo que prolifera por estos lares.
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Se sabe en cambio, ¿cuántas radios se han autorizado para pasar a integrar redes, con carátulas de independientes e incluso más vistosas y “solidarias”, que están al servicio exclusivamente del mandamás y la “ideología” y la información oficial?; ¿se tienen cifras de las estaciones de radio y TV, cuya comercialización ha sido facilitada y aprobada por el poder, que han pasado a manos de “empresarios”, que no “quieren tener problemas con el Gobierno”, y para los cuales no rigen límites sobre “concentración” y “monopolio” ni son denunciados en foros, como ocurre en otros casos?
¿Alguien tiene números o una idea de cuánto invierten los gobiernos en publicidad oficial y de qué forma distribuyen esos recursos? ¿Se sabe cuántos medios y periodistas viven y se benefician de ese dinero oficial y de otro tipo de prebendas? ¿ Hay alguna idea en la discriminación informativa que se hace desde el poder?
¿Se mide o se puede medir la acción permanente de los jueces y fiscales a la orden del poder central y de los “inspectores de hacienda” recaudadores de impuestos mandados por el “jefe” a hostilizar, procesar y condenar a periodistas y medios independientes además de perseguir a dirigentes políticos de la oposición y disidentes?
Todo eso ocurre. Se oculta, se disimula y en casos hasta cuenta con la complicidad de “organizaciones” y “luchadores sociales”. La gente no lo ve, pero cada vez la información que recibe es menor, de peor calidad y muy manipulada desde el poder. Hay una serie de gobernantes que utilizan esos instrumentos sin necesidad de matar periodistas; en todo caso los obligan al exilio o los envían a la cárcel “por fraude”, por algún delito inventado por fiscales y jueces a la orden o dando prebendas para que “el patrón” proceda contra los rebeldes.
Sobre todo éstos no hay cifras ni estadísticas, y si las hubiera tampoco nos reflejarían exactamente la realidad. Por ejemplo el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) se contabilizaría como un cierre en un año determinado. Y efectivamente lo fue para sus dueños y víctimas, pero no para los venezolanos: desde que se tomó la medida suman 365 cierres por año, uno por cada día en que se les priva de toda aquella información que el comandante Hugo Chávez no quiere que la gente sepa. Y eso es lo que importa y que está en juego: el derecho legítimo de los ciudadanos a estar informados.
El autor es periodista uruguayo, fue presidente de la SIP
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