La primera denuncia contra el presidente Daniel Ortega, por emitir el decreto 03-2010 que prorroga la permanencia de funcionarios cuyos períodos cesarán en los próximos días o meses, será presentada hoy ante el Ministerio Público en horas de la mañana.
Lulio Marenco, uno de los denunciantes, señaló que la principal causa para interponer la denuncia es que el mandatario nicaragüense se atribuyó funciones que no le competen y son del resorte exclusivo de la Asamblea Nacional, al establecer que, a pesar del término del período de los funcionarios estipulado en la Constitución éstos permanezcan mientras no se realice la elección de sus sucesores.
“Vemos cómo se está violando la Constitución Política de Nicaragua, la que señala que cada Poder del Estado tiene una función determinada, específica; ningún Poder del Estado puede inmiscuirse en las funciones de otro”, precisó Marenco, quien fue fiscal de la alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en las elecciones municipales del 2008.
Para Marenco, la gravedad del acto del presidente Ortega radica en que “en una democracia incipiente este señor viene a romper todo el orden constitucional”.
“Miramos que la cara de Presidente se la está quitando y se pone la cara de dictador”, indicó Marenco.
Por su parte, David Castellón, el otro denunciante, expresó que el Poder Ejecutivo “está para cumplir y hacer cumplir las leyes”, por lo tanto inaudito que se viole la Carta Magna en lo relacionado con las atribuciones que tiene cada Poder del Estado, constituido precisamente en la división de los mismos, contenidos también en el Principio de Montesquieu que señala que uno tiene su propia autonomía y función.
Tanto Marenco como Castellón señalan que el problema no es si el decreto es de carácter temporal o no, si no el hecho de que el presidente Ortega invada las funciones del Poder Legislativo al extender un período de funcionarios que está establecido de forma constitucional.
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